GUATEMALA
Los políticos vinculados al narcotráfico y un posible fraude han marcado el inicio del proceso electoral en Guatemala, en medio de la apatía de la población por los comicios programados para junio próximo.
Desde que se abrieron las inscripciones el 25 de enero para participar en las elecciones guatemaltecas, los escándalos se acumulan mientras cae la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ente a cargo de los comicios generales del próximo 25 de junio.
“Estamos repitiendo cosas que ya hemos visto, y definitivamente ahora es peor que nunca”, advierte sobre el proceso electoral y la inscripción de candidatos la abogada María del Carmen Peláez, analista e investigadora de la organización Diálogos, en declaraciones a EFE.
La misma opinión externaba esta semana el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral Mario Guerra Roldán. “Se ve clara esa falta de independencia y entre lo que fue y lo que es actualmente el TSE”, advertía el abogado en una emisora radial. “Me da pena una institución que tuvo tanta confianza de la población”, añadió.
El principal protagonista de los comicios, como ya lo habían advertido conocedores de la política guatemalteca, ha sido el narcotráfico, ya que hay al menos diez políticos vinculados al tráfico de drogas que han intentado ser inscritos para participar en las elecciones, y algunos lo han logrado.
Entre ellos se encuentra la diputada de la alianza oficialista Sofía Hernández, aliada del presidente Alejandro Giammattei, quien tiene dos hermanos acusados por el Departamento de Estado de Estados Unidos de pertenecer a la organización de narcotráfico denominada “Los Huistas”, que opera en el norte de Guatemala.
La misma suerte para competir por un espacio en el Congreso tiene Esduin Javier Javier, actual alcalde del municipio de Ipala, en el este del país. Javier Javier tiene un proceso penal abierto por sicariato y es señalado de tener vínculos con el narcotráfico.
Por su parte, al excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien cumplió una pena por lavado de dinero para el narcotráfico en Estados Unidos, fue aceptado inicialmente para participar como postulante para diputado en los próximos comicios.
Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral tuvo que dar marcha atrás en su decisión sobre Baldizón ante la presión de diferentes actores políticos, incluida la cúpula empresarial.
De igual forma, la máxima autoridad electoral guatemalteca aceptó la participación de decenas de políticos que han estado sindicados en el país de lavado de dinero, tráfico de influencia y hasta homicidio, pese a que la ley establece la “idoneidad” para buscar cargos públicos.
En el listado también van cinco diputados que buscarán su reelección pese a que Estados Unidos los acusó en los últimos años de corrupción y los sancionó con el retiro de sus visados para ingresar a la nación norteamericana.
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