Tegucigalpa, 30 de abril. El diputado nacionalista, Juan Diego Zelaya, calificó como un «acto de justicia» que el Congreso Nacional aprobara ayer que los empleados de salud reciban su acuerdo laboral.
Esta iniciativa fue presentada por el presidente de este Poder del Estado, Mauricio Oliva.
En ese sentido, se espera beneficiar a miles de hondureños que son parte del personal sanitario y que en este momento están bajo la modalidad de contrato y que están en primera línea de atención del Covid-19.
«A todos los que estamos viviendo esta pandemia nos hemos visto afectados de una u otra manera, yo soy empresario también y todas las empresas han reducido sus ingresos, toca replantearse y reformular el presupuesto a título personal, a nivel de las familias», comentó.
Agregó que «cómo redireccionamos ese dinero para atender esa emergencia en tu casa y pasa lo mismo a nivel de gobierno, la prioridad en cuanto al recurso humano es el personal de salud, por eso el presidente Oliva propuso esta iniciativa».
Zelaya resaltó que Oliva conoce las necesidades y los sacrificios de estas personas que están arriesgando sus vidas para salvar la del resto de la población que se contagia del Covid-19.
«Entonces, cualquier reformulación que se tiene que hacer se debe hacer y ese es el espíritu de la Ley Oliva para el personal de salud, que le demos prioridad y lo menos que podemos hacer es darle estabilidad, seguridad y permanencia laboral», expuso.
El legislador dijo que «claro que hay una comisión tripartita, claro que va a ser gradual pero los fondos debemos priorizarlos para que este personal esté bien porque están arriesgando su vida y eso es un acto de justicia lo que el Congreso Nacional aprobó ayer».
Especificó que cuando en el proyecto se señala a personal de salud se refiere a las enfermeras, a las asistentes de enfermería, al doctor y todo el que esté en primera fila de lucha contra la pandemia.
Dato
-Beneficiados de la ley:
1. El personal de la Secretaría de Salud.
2. Personal del IHSS.
3. Instituciones descentralizadas.
4. Demás instituciones descentralizadas y públicas, incluyendo el personal contratado en el Programa Código Verde.
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