TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Entre los cinco aspirantes propuestos para poder ocupar el cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto, se encuentra Johel Zelaya, quien es abogado y notario, con 43 años de edad y 21 años de práctica legal, el cual no tiene experiencia en materia penal, su fuerte ha sido la litis privada y la asesoría de diversas instituciones públicas y privadas.
Parte de su curriculum detalla que ha sido asesor de la Procuraduría General de la República (2005-2006), de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), (2006-2015) y desde el 2022 a la fecha del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
También participó en el proceso de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, pero fue descartado y no llegó a la lista de 45 porque no cuenta con maestrías ni especialidades. También, aunque después de ser desestimado, se mencionó su afiliación política al Partido Liberal, siendo este elemento uno de los impedimentos para seguir en el proceso.
Según el abogado Pedro Antonio Bustillo, Zelaya cometió los delitos de falsificación ideológica, uso de documentos falsos y perjurio, por lo que lo denunció ante el Ministerio Público a mediados de agosto.
Según la denuncia “no cumple los requisitos de participación e idoneidad ya que juró no haber tenido participación política los últimos tres años”.
La base de la denuncia es que Zelaya participó como precandidato a alcalde por el Partido Liberal en Reitoca, Francisco Morazán y luego en las generales como regidor, quedando electo en este cargo. Esto sería una violación al Reglamento de la Junta Proponente que, en el artículo 42 numeral 13, prohíbe “tener o haber tenido una afiliación política activa en los últimos tres años”.
La Junta Proponente dijo que valoró más la meritocracia, idoneidad y el perfil de los postulantes, pero según la denuncia, pasó por alto que Zelaya Álvarez incumplía una de las restricciones para ejercer ambos cargos.
El abogado Pedro Antonio Bustillo Roque fue quien se presentó a interponer la denuncia formal ante el Ministerio Público el martes 15 de agosto de 2023, argumentando que el aspirante cometió delitos de falsificación ideológica, uso de documento falso y perjurio.
Bustillo expuso que en marzo de 2021 Johel Zelaya participó como precandidato a alcalde por el movimiento “Recuperar Honduras” y en las elecciones generales de noviembre de ese mismo año como candidato a regidor por el Partido Liberal, por lo que violentó la norma establecida en el artículo 42, numeral 13, inciso a), del reglamento de la Junta Proponente, de “no tener o haber tenido, en los últimos tres años, alguna afiliación política activa”.
Para comprobar que incurrió en una violación de este requisito, el denunciante cita a la Declaración de Elecciones publicada por el Consejo Nacional Electoral en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de diciembre de 2021, que establece que Johel Zelaya resultó electo como regidor 4 por parte del Partido Liberal de Honduras en el municipio de Reitoca, demostrando de ese modo que hace menos de dos años sí tenía afiliación política y no solo eso, sino que ostenta un cargo obtenido mediante elección popular.
El abogado denunciante también expuso que Johel Zelaya cubrió su rostro con mascarillas durante la mayor parte del proceso frente a la Junta Proponente, a excepción del día en que compareció en su entrevista pública, según él, para evitar que se le identificara como alguien que ostenta un cargo de elección popular, producto de su participación política activa en el Partido Liberal, como precandidato y posteriormente candidato.
El denunciante argumentó que si la Junta Proponente hubiera tenido conocimiento de que la declaración jurada presentada, firmada y con la huella estampada por Zelaya tenía información falsa o contenía ocultamiento de información, esto ameritaba que se le excluyera del proceso, pues así ocurrió en “casos de menor importancia” y ejemplificó el de aquellos autopostulantes que fueron expulsados del proceso de selección de candidatos por no haber consignado en las respectivas declaraciones juradas que tenían demandas de reajustes salariales con instituciones públicas.
Por otro lado, Pedro Antonio Bustillo Roque apuntó que se debe hacer una investigación para determinar el parentesco o afinidad que existe entre el candidato a fiscal y la actual ministra de Finanzas y exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, al igual que su manifiesta amistad con el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) en el periodo de 2006, Marcelo Chimirri, quien lo nombró asesor de la estatal, pues dijo que Johel Zelaya “ha recibido tratos privilegiados”.
Por todo lo anterior, el abogado Bustillo pidió a las autoridades competentes presentar un requerimiento fiscal contra Johel Antonio Zelaya Álvarez por los delitos antes mencionados, previo a realización de las investigaciones pertinentes, como solicitar una copia certificada de la carpeta que el señalado presentó ante la Junta Proponente, librar un oficio al Comité Central del Partido Liberal para que detalle la participación política de Zelaya en las pasadas elecciones primarias y generales en representación de este ente político y extender un oficio dirigido al CNE consultando las razones por las cuales omitió que el candidato a fiscal general no cumplía con este importante requisito.
DENUNCIAS CONTRA ASPIRANTE FISCAL
1- Falsificación Ideológica
2- Uso de documentos falsos
3- Perjurio
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