TEGUCIGALPA, HONDURAS
La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) ha anunciado que está cerca de finalizar el traslado de casi 6,000 privados de libertad a diversas cárceles del país, en un esfuerzo contundente por recuperar el control del sistema carcelario. Ramiro Fernando Muñoz, presidente de la comisión, informó este viernes que la medida busca reubicar a miembros de pandillas y narcotraficantes en módulos de máxima seguridad.
Traslados Estratégicos a Módulos de Máxima Seguridad
Muñoz enfatizó que los nuevos módulos de máxima seguridad están siendo utilizados para albergar exclusivamente a integrantes de maras, pandillas y otras organizaciones criminales. «Esto es lo que siempre se tuvo que haber hecho», declaró, subrayando la urgencia de estas acciones para la seguridad nacional.
Como parte de este proceso de reordenamiento, se ha procedido al cierre progresivo de centros penitenciarios ubicados en zonas urbanas, los cuales, según Muñoz, afectaban tanto a la ciudadanía como al resto de la población carcelaria. «Ayer fue La Esperanza, hoy es Trujillo. Se está trasladando a reos hacia La Ceiba y Olanchito. Vamos poco a poco retirando presidios de las urbes», detalló el funcionario.
Reorganización Basada en Ley y Seguridad
El presidente de la comisión interventora insistió en que Honduras nunca logró una verdadera clasificación en su sistema penitenciario. Los movimientos actuales, explicó, responden a una reorganización estricta basada en criterios legales y de seguridad.
Frente a las críticas de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, Muñoz fue categórico. «Si a alguien no le parece, es problema de cada quien. La ley es clara: un privado de libertad debe ir al lugar que le corresponde según su peligrosidad. No estamos haciendo otra cosa que aplicar la ley», afirmó. Asimismo, recalcó que «la razón no la tienen los privados de libertad, la tienen los 10 millones de hondureños que han sido perjudicados por sus acciones».
Finalmente, Muñoz confirmó que 17 miembros del Comité Técnico Interdisciplinario (CTI) fueron separados de sus cargos tras descubrirse que otorgaban privilegios indebidos a reclusos. Aseguró que los centros de máxima seguridad como La Tolva, El Pozo y Tamara ya están completamente operativos para recibir a los reos más peligrosos, y que solo falta culminar la habilitación de los módulos en Siria.
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