TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción por unanimidad de votos declaró culpables este lunes a tres exfuncionarios del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
Los imputados son Ashley Waldemar Portillo Cristales, quien fue declarada culpable por un delito de malversación de caudales públicos, y Brenda Salgado Bacca y Wilfredo Alberto López Fúnez por uno de violación de los deberes de los funcionarios.
La audiencia de individualización de la pena fue programada para el 22 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
No obstante, Brenda Salgado Bacca y Wilfredo Alberto López Fúnez fueron absueltos de un delito de abuso de autoridad.
#TribunalDeSentencia en materia de Corrupción en Audiencia de Lectura de Fallo en el proceso para exfuncionarios del FHIS acusados de Malversación de Caudales Públicos y Abuso de Autoridad.
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Igualmente, fueron absueltos del delito de malversación de caudales públicos a título de cómplice los hermanos Miguel Ángel e Ingrid Janeth Ponce Larios, y su madre Bertha Lidia Larios por prescripción de la acción penal.
Según los hechos presentados en el juicio, Ashley Portillo obtuvo los usuarios y contraseñas de los usuarios del Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi) de Brenda Salgado Bacca y Wilfredo Alberto López Fúnez, aprovechándose de su vínculo y confianza.
Esta acción le permitió a Ashley Portillo realizar de forma unilateral los procesos de verificación, aprobación y firma para procesar los formularios F01 y gestionar varios pagos de los hermanos Ponce Larios, su madre Bertha Lirios y Claudia Britto.
El ente acusador estableció que estas cuatro personas colaboraron con Ashley Portillo por su relación de amistad y le facilitaron su información personal y bancaria para poder recibir fondos provenientes del FHIS.
El FHIS erogó 233 mil 669 lempiras sin tener los soportes legales necesarios, debido a que los hermanos Ponce Larios, su madre Bertha Larios y Claudia Britto no prestaron ningún servicio para el FHIS ni suministraron ningún bien.
En cuanto a la prescripción de la acción penal, el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción explicó que el plazo es de cinco años, los hechos ocurrieron en 2009 y el requerimiento fiscal fue presentado el 29 de julio de 2019.
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