NICARAGUA (EFE)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos de la población, que se equiparan a crímenes de lesa humanidad.
A esta conclusión ha llegado un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU que fue creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018, y que ha presentado a la prensa en Ginebra su primer informe.
Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la cúpula política y de seguridad de Nicaragua cubren un espectro muy amplio de abusos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.
“Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un arma de persecución contra la población” declaró el presidente del grupo, Jan Simon.
A todos esos crímenes se ha sumado últimamente la negación del derecho a la nacionalidad y al de permanecer en el propio país.
El gobierno ha retirado recientemente y de forma arbitraria la nacionalidad a 316 personas a las que ha acusado de traición a la patria. De estas, 222 fueron expulsadas del país.
”Técnicamente se ha creado una figura que creíamos desaparecida y que es el destierro. Pero además las víctimas han perdido cualquier posibilidad de recibir las pensiones a las que tenían derecho porque han desaparecido del sistema estatal de Nicaragua, con lo que les quita la posibilidad de subsistir”, explicó a EFE la experta del grupo Angela Buitrago.
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