NICARAGUA (CONFIDENCIAL)
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó a cancelar los registros de los asegurados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para ejecutar la confiscación ilegal de sus pensiones de vejez, a partir de este 20 de febrero, confirmaron a CONFIDENCIAL diez de los afectados, que fueron despojados de su nacionalidad el pasado 9 y 15 de febrero.
Una fuente vinculada a la seguridad social explicó que a lo interno del Instituto el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, ordenó la ejecución de la medida, después de analizar el supuesto sustento legal que podían usar, a raíz de la declaración de “apátridas”, y una vez definido eso, “se decidió que sí se les iban a quitar” las pensiones.
El destierro de 222 expresos políticos, que tuvo lugar el pasado nueve de febrero, a lo que se le sumó la declaración de “apátridas” y prófugos de la justicia a otros 94 ciudadanos nicaragüenses el pasado día 15, llevó aparejado la decisión inconstitucional de confiscar sus bienes y desaparecerlos de cualquier registro público.
El primer golpe fue la inmovilización en el Registro de la Propiedad de los inmuebles de los afectados con “anotaciones” que paralizan las posibilidad de realizar transacciones, como medida previa a la confiscación. El segundo zarpazo se ejecutó al llegar las fechas en que habitualmente se depositaban los pagos de las pensiones de los jubilados, entre el 19 y el 21 de febrero.
Cuatro de ellos -el exministro de Educación, Humberto Belli; el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Moisés Hassán; el exdirector de relaciones exteriores del FSLN, Julio López Campos, y su esposa la exguerrillera Mónica Baltodano- confirmaron a CONFIDENCIAL que este mes ya no pudieron acceder a sus pagos.
La decisión fue considerada “abominable, infame, inhumana”, por el abogado y defensor de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, cuyo nombre fue incluido en el grupo de los 94, mientras Belli lo consideraba “un robo”, y López Campos la catalogaba de “canallada, brutalidad, y desprecio a los derechos humanos”.
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