Tegucigalpa, 26 de mayo. El experto español en Derecho Penal, David Balbuena, aseguró hoy que el nuevo Código Penal hondureño es “un mecanismo de justicia restaurativa”.
El Congreso Nacional extendió por 45 días la vacatio legis de la nueva herramienta jurídica que entrará en vigencia hasta el 25 de junio venidero.
Balbuena explicó que «en la nueva normativa se pretende que quien cometió una malversación, regrese al Estado lo defraudado, pero antes que inicie el proceso».
“Lo que estamos previendo es la comisión de los actos de corrupción”, agregó.
Pero si eso ya no es posible, existe la opción que, si cuando ya ha empezado el proceso, se devuelve todo lo robado, “lo que hay son atenuantes por la reparación del daño”, según el abogado español.
Balbuena comentó que “no creo que las críticas en contra del nuevo instrumento legal sean del todo correctas, a primera vista, pienso que son opiniones sesgadas”, dijo.
Clientes
Consideró que es muy “frecuente por parte de los abogados extraer de las leyes, lo que les conviene para defender los intereses de sus clientes”.
Pero en otro tipo de fueros, como en este del Código Penal hondureño, “esa práctica de sesgar la norma y escoger únicamente lo que nos interesa no es correcta”, sentenció.
Al analizar la regulación contra los delitos de la administración pública, “se van a dar cuenta de la gran cantidad de figuras que se incluyen para combatir la corrupción”, afirmó.
Balbuena se refirió al tema de la supuesta rebaja de penas en la nueva herramienta jurídica.
“Lo único que se ha rebajado es en el tipo básico, es decir, el límite mínimo de la pena era de cuatro años y ahora quedó en dos”, agregó el Director en Derecho Penal en España.
Pero «el límite máximo estaba en seis años y se quedó en cinco. Lo único que se ha hecho es establecer otro marco muy diferente para el tipo básico», agregó.
“Después hay un montón de figuras agravadas y los críticos tienen que seguir leyendo y no quedarse a medias”, afirmó Balbuena en una video conferencia desde España, al telenoticiero Frente a Frente.
“Hay castigos agravados de ocho a doce años, cuando los bienes son de valor histórico o cultural y el delito es cometido por una red de corrupción”, aseguró el experto.
“Por tanto, no es cierto que el Código Penal sea de la impunidad y que las conductas anticorrupción se hayan debilitado”, sostuvo.
“Lo que ocurre es que no se pueden tratar los actos de corrupción de la misma forma, pues hay unos más graves que otros”, explicó.
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