ESTADOS UNIDOS
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump prometió este martes que, de ser reelegido, en su primer día en el cargo firmará una orden ejecutiva para poner fin a la concesión automática de la ciudadanía estadounidense a «hijos de inmigrantes ilegales».
“En el primer día de mi nuevo mandato, firmaré una orden ejecutiva dejando en claro a las agencias federales que, según la interpretación correcta de la ley, en el futuro, los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automáticamente”, dijo Trump en un video de casi 4 minutos publicado en la plataforma Rumble.
La orden ejecutiva exigirá que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente permanente legal, de acuerdo, según Trump, al «claro significado» de la 14 Enmienda a la Constitución, que establece que «la ciudadanía de EEUU se extiende solo a aquellos nacidos en Y ‘sujetos a la jurisdicción’ de EEUU», explicó un comunicado del equipo del expresidente.
De ser reelegido para un segundo mandato, el polémico exgobernante -que actualmente enfrenta varios procesos judiciales- aseguró que también pondrá fin al llamado “turismo de maternidad” (birth tourism, en inglés) por el que miles de madres viajan a territorio estadounidense para dar a luz con la esperanza de que sus hijos reciban la ciudadanía automática.
No es la primera vez que Trump ataca directamente la regla, incluida por más de 150 años en la Constitución estadounidense. En 2018 y 2019, el entonces presidente la calificó de «imán para la inmigración ilegal» y aseguró que estaban considerando «muy seriamente» limitarla, algo que expertos en leyes han insistido se sale de la jurisdicción del Ejecutivo.
«Un presidente no puede borrar la Constitución con una orden ejecutiva y la garantía de ciudadanía de la 14 Enmienda es clara», aseguró en ese momento al diario The New York Times, Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Otros especialistas también insistieron en que, de emitirse la orden, esta sería fuertemente desafiada como una violación constitucional.
Durante su tiempo en el poder (2017-2021), Trump mantuvo una fuerte posición contra la inmigración y puso en vigor prohibiciones de entrada a ciudadanos de países de mayoría musulmana y varias naciones africanas, amenazó la existencia del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y ralentizó el proceso para obtener la residencia permanente y la ciudadanía; medidas en su mayoría revertidas por la Administración Biden.
Biden, quien venció al expresidente en 2020 y también anunció su candidatura para 2024, fue blanco de duras críticas en el video de Donald Trump, que acusó al actual mandatario de empeorar el «desastre en la frontera» con el fin del Título 42, implementado por el magnate durante lo peor de la pandemia de COVID-19 para agilizar las expulsiones de posibles solicitantes de asilo a México.
Trump responsabilizó a Biden de fomentar un aumento en las entradas de migrantes irregulares tras el fin de la política, cifras que, de acuerdo a datos oficiales, han caído drásticamente en un 70 % desde la derogación de la medida, el pasado 11 de mayo.
Tras el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 y la derogación del Título 42, quedó en pie el Título 8, una regulación de larga data, a la que la Administración Biden incluyó una nueva regla que endurece las condiciones para permitir la entrada de migrantes irregulares, mientras amplía las vías legales para entrar a EEUU.
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