Roatán.
Una investigación reciente de Infobae ha revelado preocupantes indicios de complicidad entre funcionarios públicos y la red criminal responsable de la desaparición de Angie Peña. Se ha informado que los miembros de la organización “Delta Teams,” acusada de trata de personas, explotación infantil y pornografía, supuestamente reciben protección. Esta red es considerada la última en haber tenido a Angie antes de su desaparición en Roatán, Islas de la Bahía, el 1 de enero de 2022.
El caso dio un giro significativo cuando el fiscal general Johel Zelaya asumió su cargo en noviembre de 2023, momento en que el Ministerio Público (MP) comenzó a investigar la desaparición como un caso de trata de personas, a diferencia de la hipótesis inicial de un accidente con su jet ski. Esta nueva línea de investigación ha llevado a la detención de varios individuos, tanto estadounidenses como hondureños, presuntamente relacionados con “Delta Teams” y acusados de trata de personas y explotación sexual, siendo señalados por la Fiscalía como implicados en la desaparición de Peña.
Sin embargo, la captura de otros líderes de la organización sigue pendiente, lo que ha suscitado desconfianza en la ciudadanía respecto a la corrupción en los organismos judiciales y policiales de Roatán, que desde el inicio han sido acusados de obstruir las investigaciones. La familia de Angie Peña ha denunciado durante más de un año el encubrimiento y la supuesta colaboración de funcionarios y agentes. Michelle Melgares, madre de Angie, ha reiterado que quienes deberían estar ayudando en la búsqueda de su hija son los mismos que han bloqueado el progreso de las indagaciones.
Un claro ejemplo de esta complicidad es el estadounidense Anthony Frank Grayson, propietario del hotel “The Dock” en Roatán, que se señala como el lugar donde Angie estuvo retenida tras su desaparición. Grayson fue declarado prófugo en abril de 2022, cuando se realizaron allanamientos en propiedades relacionadas con la red “Delta Teams”. Según Infobae, el empresario ha regresado a la isla, aparentemente bajo protección local. “Sigue en la isla… pero el caso avanza lentamente; todo se sabe y se hace poco”, afirmó un funcionario del gobierno hondureño, que prefirió permanecer en el anonimato.
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