Solicitan privación de dominio sobre 24 bienes de comisionado Lorgio Oquelí

Privación definitiva de bienes

Privación definitiva de bienes

La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), solicitan la privación definitiva del dominio sobre 24 bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias del comisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco (prófugo de la justicia) y su núcleo familiar.

La petición es hecha a un juez de privación. Corresponde a dos viviendas, tres vehículos y seis cuentas bancarias. Las autoridades de investigación acusan al alto jerarca policial de lavado de activos y cuentas bancarias a nombre de su esposa Wendy María Castro y otras siete cuya titular es su expareja Dennise Yamileth Morales.

La acusación se deriva a que de acuerdo a las investigaciones y a los análisis de ingresos realizados al jefe policial. No se justica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y que no es congruente con el sueldo mensual devengado de 2012 a 2017. El jefe policial recibía  cincuenta y cinco mil trecientos noventa y cinco con veintiún centavos (55,395.21), mensuales.

Dentro de este Requerimiento Fiscal figuran seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.

Se establece que entre los años 2012 – 2015 miembros de la policía en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para dejarlos trasladar el ganado, constituyendo estos actos en sobornos.

Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado acusado fue nombrado como Jefe Departamental de la Policía en Choluteca. De acuerdo con la investigación los pagos se realizaban en efectivo y provenían de los ganaderos. Se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH).

Esta conducta es a partir de la designación del Comisionado como jefe. Se conformó una estructura criminal. A ella pertenecían miembros de la UDEP y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación.

Además del comisionado, la acusación incluye y fueron capturados varios policías activos y depurados, entre ellos el subcomisionado José Elías Bustillo Carías.

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