Representantes de DDHH conocen primeros avances del caso de Wilson Pérez

Representantes de DDHH conocen primeros avances del caso de Wilson Pérez

La muerte de Wilson Pérez, el aficionado que agredió a la subinspectora durante la final de Real España y Motagua, sigue estando bajo investigación de las autoridades hondureñas.

Recientemente, con el fin de conocer algunos primeros avances en el caso, representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos se reunieron con miembros del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

 

Cabe señalar que la investigación de este caso está orientado sobre las prácticas de pericias técnicas científicas, así como la recolección y análisis de otros indicios que puedan arrojar un resultado que permita identificar a los responsables de su muerte.

La autopsia de Pérez, de 21 años, detalló que recibió disparos en la espalda y que tenía una laceración pulmonar y un hemotórax.

Polémica muerte

El pasado martes 31 de mayo, las autoridades de la Policía Nacional informaron que Pérez Hernández había fallecido durante un enfrentamiento con las autoridades ocurrido en el sector de Villanueva, Cortés. Asimismo detallaron que Pérez era un miembro activo de la Mara Salvatrucha.

Pérez era buscado por la Policía luego de que el domingo, tras terminar el partido de su equipo contra el club Motagua por la gran final, atentara contra la vida de la subinspectora Denia Michelle Conteras al patearla por la espalda en las graderías. La oficial cayó estrepitosamente varios metros sin -de milagro- sufrir heridas de gravedad.

La versión oficial del Ministerio de Seguridad es que Wilson Pérez “murió en un enfrentamiento con miembros de la FNAMP en los bordos de la colonia Juan Lindo” la tarde del martes.

Los familiares de Pérez manifiestan que lo del enfrentamiento es una trama de las autoridades policiales para ocultar la verdad porque en los hechos no hubo ningún enfrentamiento, sino que a su pariente lo interceptaron y lo mataron con alevosía cuando el joven iba a las instalaciones de un canal de televisión a entregarse a las autoridades bajo la protección de miembros de organismos defensores de los derechos humanos.

 

 

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