TEGUCIGALPA, HONDURAS
La Presidenta Xiomara Castro se pronunció en las últimas horas sobre el desalojo violento realizado en la comunidad garífuna de Punta Gorda, en la isla de Roatán, Islas de la Bahía.
Castro indicó a través de su cuenta de Twitter que solicitó un informe sobre la ordenanza judicial de desalojar las tierras ancestrales.
Asimismo, aseguró que no fue informada de la determinación previo a ejecutar la acción, exigiendo la libertad inmediata de los capturados y el respeto a los derechos humanos.
He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a DDHH
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) November 8, 2022
Cabe mencionar que, la comunidad negra de Honduras denunció ayer por la tarde un «desalojo forzado» de decenas de personas, un hecho que dejó además seis detenidos.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) indicó en Twitter que seis defensores del territorio ancestral fueron detenidos por las fuerzas de seguridad que «demostraron además de su racismo, la inclinación por la violencia».
Entre los detenidos figuran la coordinadora de Ofraneh en Punta Gorda, Melissa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abot Efrahin Sánchez, Keyden Tishany González y Augusto Moisés Dolmo.
«Libérenlos ya», solicitó la Ofraneh, que indicó que la comunidad garífuna de Punta Gorda «carece de título comunitario» de propiedad.
Pronunciamiento de la CONAPOA
Por su parte, la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños (Conapoa), adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno Solidario de la República, ante los hechos condenó mediante un comunicado el desalojo forzoso de un sector de las tierras ancestrales, con 225 años de antigüedad.
Asimismo, señaló que cuenta con pruebas documentales e históricas, de poblamiento permanente e ininterrumpido en la zona, siendo esto un acto violento innecesario y conducente a una preocupante situación de violencia ante un pueblo ancestral que ha sufrido constantes vejámenes por parte del Estado de Honduras a lo largo del pasado.
“La ratificación del Estado de Honduras del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo implica un reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y afrohondureños del país sobre las tierras en las que han convivido desde sus orígenes, teniendo la institucionalidad pública un deber jurídico de garantizar los mismos”, agrega el comunicado.
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