TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Las medidas para obstaculizar o impedir abortos en la región española de Castilla y León, donde gobiernan conservadores en coalición con la ultraderecha, han provocado un fuerte choque con el Gobierno nacional de izquierda, que advierte con recurrir a medidas legales para frenarlas.
Estas medidas, promovidas por la extrema derecha, se aplican desde este lunes en esta región del centro y norte de España e incluyen la derivación al servicio de salud mental de las embarazadas que lo requieran, una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y otra en cuatro dimensiones antes de interrumpirlo.
Castilla y León, la mayor región del país aunque con poca población, unos 2,4 millones de habitantes, y envejecida, está gobernada por el conservador Partido Popular (PP) en coalición con la formación de extrema derecha Vox, en el primer gobierno regional en España con la ultraderecha.
El gobierno regional mantiene un pulso con el nacional que integran el partido socialista PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos, que ha advertido a Castilla y León con acudir a la Justicia al considerar que esas medidas van contra la legislación española sobre el aborto.
Castilla y León, por su parte, acusa al Gobierno central de intentar invadir sus competencias, pues la Sanidad en España la gestionan las regiones.
Vox asegura que es una respuesta “provida” frente a la “agenda abortista de la izquierda”, mientras que el PP argumenta que no son medidas “antiabortistas” sino en “apoyo a la natalidad”.
El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, ha declarado que mantendrá sus políticas para proseguir los “avances” en beneficio de las mujeres, sin permitir “ni un solo retroceso” en sus derechos.
Asociaciones feministas y proaborto también han criticado estas medidas, al considerar que atentan a los derechos de la mujer, por suponer una coacción a su decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo.
El choque coincide con la tramitación en el Parlamento español de una ley del aborto que elimina el periodo de tres días de reflexión obligatorio antes de someterse a un aborto y la práctica habitual de entregar un sobre con información sobre los recursos a los que puede acudir la mujer que va a abortar, como ayudas a la maternidad, además de que las instituciones públicas no podrán apoyar a asociaciones provida.
La futura ley elimina la obligatoriedad del consentimiento paterno para que menores de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo, facilita el acceso a anticonceptivos de última generación y procura educación afectivo sexual en las escuelas, entre otras reformas para blindar derechos sexuales y reproductivos de la mujer impidiendo que médicos objetores contra el aborto participen en comités clínicos que deciden sobre si continuar o no embarazos a partir de las 22 semanas.
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