La abogada defensora de la diputada nacionalista, Sara Medina, Doris Imelda Madrid pidió esta mañana que se sobresea la causa que se sigue contra su cliente.
“Esto porque existe la Ley Orgánica del Poder Legislativo en la que se define cuál es la función legislativa, por eso pedimos que se aplique el decreto 96 de la Constitución de la República en el sentido de la retroactividad”, indicó.
La congresista se presentó a los tribunales de justicia a una audiencia preliminar que se le sigue porque tiene una acusación de falsificación de documentos públicos.
Esta comparecencia dentro del caso de “Fe de Erratas”.
Madrid considera que es un craso error el que se está cometiendo al acusar a su cliente de falsificación de documentos públicos.
“La Ley no es un documento público, el Código Procesal Civil define claramente lo que es un documento público y uno privado”, explicó.
La diputada del departamento de El Paraíso, Sara Medina Galo es acusada por el Ministerio Público por el delito de falsificación de documentos públicos.
Actualmente la diputada tiene medidas cautelares para presentarse a firmar una vez por semana, también no podrá salir del país.
Los hechos
El caso de Pacto de Impunidad o Fe de Errata se originó el 11 de diciembre de 2017. Lo anterior, cuando la UFECIC presento requerimiento fiscal contra cinco exdiputados en el caso denominado “Red de Diputados”.
En ese sentido, el requerimiento fiscal presentado en dicha causa señala que cuando se celebraba la audiencia inicial contra los cinco exdiputados, el Poder Legislativo modificó por adición la Ley de Presupuesto aprobada en decreto legislativo número 141-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.
Dicha modificación incluyó disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados. Eso provocó la imposibilidad de comenzar las investigaciones contra funcionarios que habrían manejado fondos públicos mientras no culminaba la investigación por el Tribunal Superior de Cuentas en un plazo de tres años.
Ante la modificación el Poder Judicial, a través de los Tribunales en Materia de Corrupción, determinó archivar la denuncia argumentando que la acción no procedía con un enjuiciamiento debido a la nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos.
Tras la acción se produjeron varias denuncias públicas por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una fe de erratas el 25 de enero. Y, publicada el 26 de enero en el diario oficial La Gaceta. Eso con el objetivo de justificar que lo ocurrido fue producto de un simple “error”. Y, no de un acto premeditado que provocó consecuencias jurídicas.
Sin embargo, la MACCIH y UFECIC-MP consideran que la fe de erratas contiene modificaciones que no fueron leídas. Y, aprobadas por el pleno del Congreso. A efecto de eso, el equipo integrado decidió formular un requerimiento fiscal contra los parlamentarios anteriormente mencionados.
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