TEGUCIGALPA, HONDURAS
El personal que se encuentra en paro de labores en el Ministerio Público, en petición por un aumento salarial, informaron ayer mediante un comunicado, a través de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Fiscales de Honduras, AFH, que estarían siendo víctimas de un ataque armado planificado por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.
En el documento detallan que “ante la aceptación pública y manifiesta de altos funcionarios del Estado así como de la gran mayoría de diputados que coincidieron en que la lucha iniciada por los servidores del Ministerio Publico es justa y legal, valorada así de igual manera por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quien declaró alerta temprana por las violaciones de derechos humanos de las que de manera pública y evidente estamos siendo víctimas, y ante las intenciones manifestadas por congresistas de interpelar al fiscal general”.
Los denunciantes aseguran que “para el día martes 21 de marzo del año 2023, en la sesión del Congreso Nacional, el fiscal general en complicidad con el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y la viceministra Julissa Villanueva, han planificado un ataque armado contra la manifestación pacífica que los servidores del Ministerio Publico hemos mantenido a lo largo de seis semanas consecutivas, buscando enmarcar nuestro accionar como una conducta típica manipulando tipos penales a su antojo para justificar sus represiones y amenazas haciéndose valer de las diferentes fuerzas policiales, abusando de este poder para intimidar y no permitirnos exigir nuestro derecho constitucional, desnaturalizando así la función verdadera de las fuerzas preventivas del orden público”.
“Es por todo lo anterior que se les responsabiliza de cualquier violación a derechos humanos contra los servidores del Ministerio Público, tales como el derecho de expresión, pensamiento, opinión, manifestación pacífica, derechos universales del hombre que abraza nuestra Constitución de la República y que están por encima de cualquier precepto mal utilizado del Código Penal, así como también de cualquier detención ilegal, tratos degradantes, limitación, impedimento o restricción de derechos fundamentales, abuso de autoridad que puedan estar cometiendo todos los que ejecuten estas órdenes ilícitas y los que las ordenen para que arbitrariamente y abusando de sus funciones impidan el ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por la Constitución”.
“Solicitamos de manera encarecida a las máximas autoridades del gobierno central, que no permitan que este accionar de todos funcionarios anteriormente mencionados termine en una tragedia por la indiferencia y abuso de autoridad, que lejos de apoyar al sistema de justicia de nuestro país está entorpeciendo y agudizando aún más esta problemática que mantiene al ente acusador del Estado de Honduras en una paralización absoluta de labores”, finaliza el documento.
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