A criterio del abogado penalista Marco Zelaya, en estos momentos estamos en una situación compleja como lo es el covid-19 que aqueja a Honduras y el mundo, debido a todas las reformas a la ley que se han hecho a lo interno del Congreso Nacional de la República.
En ese sentido se refirió al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ministerio Publico (MP) de una reforma que se hizo a una ley del Tribunal Superior de Cuentas(TSE), en la cual acusa a este órgano Contralor del Estado a que determine el grado de responsabilidad administrativa civil o penal, dandole un termino de 3 años para poder realizar estas diligencias.
Según el experto en leyes, mientras no estén concluidas esas diligencias el MP no puede sustentar un requerimiento fiscal, si puede investigar y realizar algunas acciones pero concluir ante una acusación formal ante un juez o tribunal ya sea común o especial en materia de corrupción no lo va a poder hacer, simple y sencillamente porque estaría limitado al informe que podría presentar en su momento el Tribunal Superior de Cuentas (TSE).
Zelaya recordó que cuando estuvo la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se denuncio a una gran cantidad de diputados pasados y actuales estaban siendo investigados, incluso el actual presidente del Congreso Nacional, por lo que no se amplio el tiempo a este organismo que vino a coadyugar esfuerzos para poder combatir la corrupción.
Según el penalista debido a las reformas que se han hecho, el MP no esta imposibilitado, pero si maniatado para poder continuar y presentar las acusaciones en contra de las personas que están dilatigando los fondos del estado.
Toda persona que esta siendo investigada goza de la presunción de inocencia y del debido proceso, sin embargo los legisladores que están siendo investigados a su criterio deberían ser suspendidos para investigación y en un caso de que la misma salga negativas que sean reintegrados a sus funciones.
«La persona no puede seguir legislando mientras esta acusada de actos de corrupción cometidos en ese del Estado o fondos emanados de ese poder». manifestó
Asimismo, explicó que para que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) brinden un informe contra el director de invest-H, Marco Bográn , acusado de compras irregulares con fondos del Estado deberán pasar 3 años.
Finalmente detallo que el TSC tiene la facultad de calificar si es una responsabilidad administrativa, civil o penal, si es administrativa deberá devolver los fondos , si es civil a través de la Procuraduria General de la República (PGR) deberá de demandar a Bográn por mas de mil millones de lempiras que le pertenecen al pueblo, el cual es urgente que regrese a las arcas del Estado para combatir la pandemia.
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