TEGUCIGALPA, HONDURAS
Una fuerte controversia ha estallado en el Congreso Nacional de Honduras, luego de que el presidente de ese poder del Estado, Luis Redondo, ordenara la publicación en el diario oficial La Gaceta de tres contratos de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un total de 190 millones de dólares, sin que el acta respectiva haya sido ratificada por el pleno legislativo. Esta acción ha sido calificada por la oposición y expertos en derecho constitucional como una clara violación al procedimiento legislativo establecido en la Constitución de la República.
Los contratos, suscritos el pasado 30 de diciembre de 2024 entre el Gobierno de Honduras y la CAF, detallan un financiamiento de 70 millones de dólares para el “Programa de Reinversión e Inversión Pública”, sumándose otros dos créditos que completan el monto total. Según La Gaceta, estos fondos están destinados a proyectos de infraestructura y fortalecimiento institucional. La Secretaría de Finanzas formalizó el acuerdo con la CAF en representación del Estado hondureño, siendo el documento suscrito por Maximiliano Ricardo Alonso, en representación de la entidad prestamista.
Sin embargo, la indignación crece entre legisladores de oposición y juristas, quienes argumentan que el proceso carece de toda legalidad. La falta de ratificación del acta por parte del Congreso Nacional es un requisito indispensable para la validez de cualquier votación o decisión legislativa. «No se puede publicar un decreto si no ha sido debidamente ratificado por el pleno», advierten varios diputados de la oposición, señalando una violación directa al principio de legalidad y al debido proceso parlamentario.
La decisión de Redondo ha generado una profunda preocupación en diversos sectores políticos y jurídicos del país, quienes temen que este tipo de procedimientos arbitrarios pueda llevar a la anulación de los contratos o incluso a futuras sanciones por parte de organismos multilaterales. La situación pone en entredicho la transparencia y la legalidad en la gestión de los recursos públicos, abriendo un debate sobre los límites del poder dentro de las instituciones del Estado hondureño.
COMENTARIOS