Coincidiendo con el pico de la pandemia en el país y con una ola de violencia que convirtió el mes de marzo, con 3.078 homicidios, en el más violento desde que arrancó el sexenio, López Obrador rompe una de sus grandes promesas electorales y autoriza la vuelta de los militares a las calles. El decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación permitirá que, durante los próximos cuatro años, Ejército y Marina realicen «tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria».
Las críticas contra esta decisión no han tardado en llegar. Desde que el ex presidente Felipe Calderón declaró la ‘guerra al narco’ en el año 2006, López Obrador se erigió como uno de sus principales detractores por considerar que «no se debe combatir fuego con más fuego» y porque, además, el uso de militares para tareas de seguridad civil, para las que no están entrenados, dispararon las denuncias por abuso de poder y violaciones a los derechos humanos en todo el país: 204 registradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2006 y 2017.
En este sentido, una de las primeras medidas adoptadas por el actual presidente mexicano fue la creación de la Guardia Nacional, una fuerza mixta de combate (compuesta por militares y policías) cuya llegada pondría fin al uso del Ejército en territorio nacional. Hasta mediados de abril, más de 79.000 elementos de esta nueva fuerza de combate habían sido desplegados en todo el país, una cifra que pretendían elevar hasta los 100.000 antes del 2021.
Sin embargo, según reconoce el Gobierno con el decreto firmado, la Guardia Nacional no está aún preparada para actuar en solitario: «la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública requiere de un período de implementación a efecto de cumplir cabalmente con las funciones de su cargo». Mientras este proceso de creación se consolida, López Obrador se ha visto obligado a recurrir a los soldados que tanto criticó en el pasado.
EL LUGAR DE LOS HECHOS
Entre las atribuciones que podrán desempeñar los militares desplegados se encuentran: «La detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos» o «poner a disposición de las autoridades competentes a personas y bienes y preservar el lugar de los hechos», todo, según explican, «con pleno respeto a los derechos humanos de las personas». El presidente mexicano podrá contar con su apoyo hasta el 27 de marzo del 2024, siete meses antes de concluir su mandato.
En el aire quedan aún muchas dudas. Entre ellas, quién quedará al mando de las fuerzas castrenses desplegadas y ante quién rendirán cuentas los soldados que incumplan las normas. De acuerdo al documento oficial, corresponderá a «los órganos internos de control de cada dependencia» aplicar las sanciones y no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ante la que sí responden sus compañeros de la Guardia Nacional.
Más allá de haber roto con su principal promesa electoral, lo que realmente ha indignado a oposición y organizaciones sociales ha sido que el presidente mexicano haya aprovechado la pandemia para aplicar unilateralmente una reforma tan polémica y trascendental. Desde el colectivo ‘Seguridad sin Guerra’ van incluso más allá, tal y como denuncia su integrante Alfredo Lecona: «El acuerdo que hoy publica AMLO no solo es inconstitucional, también es contrario al derecho interamericano».
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