EL SALVADOR
Unos 10,000 miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron desplegados en el municipio populoso de Soyapango para “extraer” a pandilleros que aún no han sido capturados y continuar la “guerra contra las pandillas”.
A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado.
8,500 soldados y 1,500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí. pic.twitter.com/9QIpj0ziwX
— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 3, 2022
El presidente del país, Nayib Bukele, informó la madrugada de este sábado en sus redes sociales que 8,500 soldados y 1,500 agentes de la Policía “han rodeado la ciudad” y que “los equipos de extracción de la Policía y el Ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”.
Bukele, que el pasado 24 de noviembre anunció que se implementarán “cercos en grandes ciudades”, señaló que “los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente” y añadió que “esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados”.
La Presidencia, por su parte, ha informado que los miembros de seguridad se han instalado en colonias (barriios) populares de Soyapango como La Campanera y Las Margaritas, así como en el mercado central de esa ciudad.
Los militares y policías registran vehículos para verificar que “no se movilice ningún ilícito” y registran a personas que circulan en las calles y que se movilizan en el transporte público urbano, según la fuente.
Soyapango, ubicado a un poco más de 12 kilómetros de San Salvador, es la segunda ciudad más poblada del Área Metropolitana de San Salvador – integrada por 14 municipios- y la tercera del país.
Dicha ciudad, que había sido catalogada como una de las más peligrosas del país por la alta presencia de pandilleros, tiene una población aproximada de 258,921 habitantes.
El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales, tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
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