La crisis climática que vive el mundo es igual de intensa que la violencia que enfrentan las personas y comunidades que defienden los territorios naturales. La evidencia sugiere que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta.
Al menos 227 activistas fueron asesinados en 2020, un nuevo récord por segundo año consecutivo y más del doble de lo registrado en 2013, según el informe publicado este año por la organización centrada en la justicia climática, Global Witness. Esto significa que en promedio son más de cuatro personas asesinadas por semana.
La mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en Latinoamérica confirmando que se llevó el título de la región más peligrosa para defender el ambiente desde 2012, sin que haya cambiado la tendencia ni la situación. Colombia sufrió el mayor número de asesinatos totales, seguida de México. Las naciones centroamericanas de Nicaragua y Honduras registraron el mayor número de asesinatos per cápita en el mundo.
¿Defensores ambientales como enemigos del Estado?
El impacto de la crisis climática —y la violencia que produce— lo sufren de manera desproporcionada los pueblos indígenas, que representan más de un tercio de todas las víctimas registradas en los últimos cinco años en el informe.
En medio de la vulnerabilidad y el abandono al que son expuestos las comunidades indígenas se llevan la peor parte: el 40% de las víctimas asesinadas pertenecen a estos pueblos. En los últimos cuatro años, «más de un tercio de todos los ataques fatales han sido contra indígenas, a pesar de que las comunidades representan solo el 5% de la población mundial».
«En todos los continentes, los gobiernos y las empresas están usando a los tribunales y a los sistemas judiciales de los países como instrumentos de opresión contra quienes representen una amenaza a su poder y a sus intereses», destacan en el informe. En 2018, por primera vez, se documentaron diversas formas en que los defensores fueron criminalizados: «En algunos países el gobierno está clasificando a las personas defensoras como terroristas o enemigas del Estado».
Honduras Sobresaliendo: Violencia que no cesa
El informe de Global Witness también incluye a los cinco países con más asesinatos per cápita. En esa lista sobresale Honduras, nación centroamericana que este año registró 17 homicidios.
Desde 2016, cuando fue asesinada la defensora ambiental Berta Cáceres, diversas organizaciones señalaron la difícil situación que viven los defensores de derechos humanos en Honduras. Este panorama no ha cambiado, al contrario, sigue agravándose.
Hedme Castro, coordinadora de la Asociación para la Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), explica que 36 % del territorio de Honduras ha sido concesionado a empresas —algunas pertenecientes a políticos locales— y a compañías de capital extranjero. los cuales han provocado desplazamiento forzado, así como agresiones y represión contra comunidades y defensores ambientales.
“La situación en el país es terrible”, describe la defensora y como ejemplo recuerda lo que ha sucedido durante el mes de julio en Honduras. El 9 de julio, por ejemplo, allanaron las oficinas de ACI-Participa; dos días después desapareció Marvin Damián Castro Molina, presidente de la Red Juvenil de la Asociación de Desarrollo Pespirense-Honduras y miembro del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida). Su cuerpo, con signos de tortura, se encontró días después.
El sábado 18 de julio, un grupo armado entró a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz y se llevó a Alberth Esnider Centeno Tomas, presidente del Patronato de la comunidad; Milton Joel Martínez Álvarez; Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Róchez. Comunidad que lleva una larga lucha para que se le devuelvan sus derechos ancestrales sobre su territorio. Incluso, en 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en donde se exige al gobierno hondureño reconocer los derechos de los garífunas.
Mientras al país lo sigan dirigiendo personas vinculadas a escándalos de corrupción, personas que están dispuestas a vender el país entero, seguirán los asesinatos, los desplazamientos forzados; no se respetarán las zonas protegidas ni los títulos ancestrales.
El verdadero enemigo es la corrupción
Ben Leather, de Global Witness, explica algunas de las razones de ese aumento tan lamentable de números: “Estamos viendo intereses más fuertes sobre la tierra y los recursos naturales para responder a las demanda de los consumidores. Industrias como minería, agronegocios o la explotación de madera están entrando cada vez más a nuevos territorios, en los cuales vemos que las empresas están haciendo acuerdos con políticos corruptos para imponer proyectos”.
La corrupción, considera Ben Leather, también está facilitando el cambio climático, al permitir que las empresas “puedan hacer lo que les da la gana, para tener ganancias a corto plazo y a costa de la protección del medio ambiente. Lo que nuestro informe demuestra es que son las y los defensores quienes están denunciando esta corrupción política, esta irresponsabilidad empresarial”.
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