“Por ahora, en el corto plazo, la ruta electoral no existe. En esto la claridad es total”, sentencia el sociólogo nicaragüense Oscar René Vargas.
En próximo 7 de noviembre los nicaragüenses, según el calendario oficial, deben acudir a las urnas para elegir al nuevo presidente y a los diputados de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el panorama electoral es sombrío.
Los pocos partidos de oposición que existían fueron ilegalizados, los principales precandidatos opositores fueron detenidos y ni siquiera se conocen las listas de diputados a elegir.
Sin mayores expectativas, se inscribieron seis fuerzas políticas, entre partidos y alianzas, para participar en la contienda electoral. El gobernante Frente Sandinista tiene “la sartén por el mango”. Controla totalmente el tribunal electoral, eliminó la competencia opositora, y solamente participan partidos sobre los que ha mantenido una clara influencia durante los últimos años.
La campaña electoral tampoco ha arrancado. Según la Ley Electoral, la campaña debió comenzar el pasado 21 de agosto, 70 días antes de las votaciones, pero el Consejo Supemo Electoral movió la fecha para el 25 de septiembre, aduciendo razones sanitarias por la pandemia del covid.
La oposición, que llegó a apostar a la vía electoral, en algunos casos, “con las condiciones que existieran” se quedó sin opciones en el corto plazo y luce ausente.
Desde mayo pasado hasta la fecha, el régimen de Daniel Ortega ha ilegalizado a tres partidos opositores: Partido de Restauración Democrática (PRD), que emergía como la posible casilla electoral de la opositora Coalición Nacional; Ciudadanos por la Libertad (CxL), el principal partido opositor y casilla de Alianza Cívica; y el antiguo Partico Conservador (PC)/Infobae.
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