EE.UU
La institución judicial con sede en La Haya abre una investigación por la deportación a Rusia de niños ucranianos y desplazamiento forzoso de población, menores incluidos, desde las zonas ocupadas.
La Corte Penal Internacional de La Haya ha emitido hoy viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra cometidos en Ucrania desde el 24 de febrero del 2022, en concreto la deportación ilegal de niños y el desplazamiento forzoso de personas, entre ellas menores de edad, desde las áreas ocupadas de este país a la Federación Rusa. Los jueces también han publicado una orden de detención internacional contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisiria presidencial de derechos de la infancia niño de Rusia, por su presunta responsabilidad en los mismos actos.
«Hay bases razonables para pensar que el señor Putin tiene una responsabilidad criminal individual por los crímenes mencionados», ha anunciado la Corte en un comunicado, bien por haber cometido esos actos «directamente, junto con otros o a través de otros», por su incapacidad para «controlar adecuadamente a sus subordinados civiles y militares» que han cometido estos actos o los han permitido, personas que estaban bajo su «autoridad y control» y sobre las que tiene «una responsabilidad superior». Lvova-Belova, por su parte, está acusada de cometer estos actos u ordenarlos.
En un vídeo mensaje, el juez presidente de la CPI, el polaco Piotr Józef Hofmański ha explicado que, a pesar del interés por proteger la investigación en marcha y ante el convencimiento de que estas conductas «presuntamente se siguen produciendo·, la II Cámara preliminar de la Corte ha considerado que «va en interés de la justicia» autorizar la publicación de estas órdenes ya que su publicidad puede contribuir a la prevención de nuevos crímenes. En los últimos días, se había especulado con la posibilidad de la CPI abriera también una causa contra las autoridades de Rusia por los ataques contra infraestructuras de guerra pero por el momento La Haya solo ha dado el paso con relación al secuestro de niños, unos hechos por los que la Unión Europea ha sancionado a varios políticos rusos y que está investigando junto con Polonia. La Corte, en una decisión que lleva la guerra también al terreno judicial, atribuye estos actos directamente a Putin.
Diferentes investigaciones han encontrado pruebas del traslado ilegal de niños ucranianos, tanto de corta edad como adolescentes, algunos procedentes de orfanatos, para ser entregados a familias rusas o ingresados en campamentos de «reeducación». El Kremlin, en cambio, presenta estos programas como una misión humanitaria de ayuda a los niños afectados por la guerra y el año pasado se aprobó una nueva legislación para facilitar la adopción y concesión de la nacionalidad a niños ucranianos. La oenegé Human Rights Watch calcula que 32.000 de los 105.000 niños ucranianos que estaban en instituciones residenciales antes de la guerra, casi la mitad de ellos discapacitados, estaban en zonas ahora ocupadas. «Activistas y abogados ucranianos indican que al menos varios miles de esos niños han acabado deportados por la fuerza a Rusia o a otros territorios que ocupa», sostienen.
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