Luís Roberto Barroso, uno de los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), opinó que “la verdadera razón” del juicio político contra Dilma Rousseff, destituida de la Presidencia en 2016, fue la falta de alianzas políticas y no el delito fiscal atribuido.
“La justificación formal fue el llamado ‘pedaleo fiscal’ —violación de las reglas presupuestarias—, aunque la razón real ha sido la pérdida de apoyo político”, expresó el magistrado en un artículo que escribió para la revista del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales. Si bien la publicación del texto está prevista para el 10 de febrero, el diario Folha de São Paulo publicó un extracto el miércoles por la noche.
Igualmente, esta no es la primera vez que Barroso se refiere al ‘impeachment’ implementado contra la dirigente del Partido de los Trabajadores (PT). De hecho, el año pasado expresó: “No debe haber duda razonable de que ella no fue destituida por delitos de responsabilidad, ni por corrupción, sino que fue destituida por pérdida de apoyo político”.
Además, había sostenido que expulsar del Gobierno a Rousseff “por corrupción después de lo que vino, lo que siguió, sería una ironía de la historia”, haciendo alusión a la administración de Michel Temer, quien seguía en la línea sucesoria y condujo el Ejecutivo por la vacancia presidencial.
“Mecanismo previsto en la Constitución para la destitución de un presidente”
Pese a estos comentarios, Barroso —nombrado ministro de la Corte por la propia Rousseff en el 2013— consideró en 2016 que lo ocurrido no podía concebirse como un golpe de Estado, pese a las denuncias públicas del PT. Según el magistrado, se trataba de “un mecanismo previsto en la Constitución para la destitución de un presidente”. En su momento, el máximo tribunal brasileño no intervino en la determinación del Poder Legislativo, que desarrolló el juicio político.
El ‘impeachment’ contra Rousseff concluyó el 31 de agosto del 2016. Tras seis días de juicio en el Senado, la cámara alta aprobó con 61 votos contra 20 la finalización del mandato. Antes, la medida se había aprobado en la Cámara de Diputados con 367 votos frente a 137. Así, se trató de la segunda destitución desde el retorno de la democracia: en 1992 los legisladores habían expulsado del Ejecutivo a Fernando Collor de Mello, por acusaciones de corrupción.
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