JERUSALÉN. Una corte militar israelí impuso el miércoles una condena reducida a una mujer española que admitió haber recaudado fondos para una organización benéfica de Cisjordania que se desviaron a un grupo armado ilegalizado, el Frente Popular de Liberación de Palestina (PFLP, por sus siglas en inglés).
Juana Ruiz Sánchez fue condenada a 13 meses de prisión y a una multa de 50.000 shekels, o unos 16.000 dólares. Dado el tiempo que ya ha pasado en prisión, podría ser liberada en las próximas semanas.
Israel ha intentado presentar la condena como una demostración de que tenía motivos para designar a seis organizaciones civiles palestinas como grupos terroristas el mes pasado. Todas fueron acusadas de tener lazos con el PFLP.
Pero el empleador de Ruiz, los Comités de Obras de Salud, no estaba entre esos seis grupos. Y en su testimonio, la mujer dijo desconocer el supuesto plan de recaudación de fondos y declaró que no estaba implicada en ninguna actividad armada del PFLP.
Su abogado, Avigdor Feldman, dijo que el acuerdo “aclaraba con mucha claridad” que Ruiz no había participado en la entrega de dinero al PFLP y no tenía ni idea de que las supuestas transferencias se hubieran realizado. También acusó a las autoridades israelíes de difamar a su cliente y dijo que reclamaría que retirasen declaraciones implicando que la mujer era agente del PFLP.
“Todo el caso es político. Intentaron utilizarlo para justificar la ilegalización de las organizaciones de derechos humanos”, dijo a The Associated Press tras la vista en la corte militar de Ofer, en la ocupada Cisjordania.
El PFLP es un movimiento político secular de izquierdas con una rama armada que ha cometido ataques mortales contra israelíes. Israel, Estados Unidos y la Unión Europea lo consideran un grupo terrorista.
Los seis grupos ilegalizados el mes pasado, que tienen estrechos lazos con grupos de derechos en Israel y el extranjero, niegan las acusaciones. Afirman que la designación pretende silenciar a los críticos de la ocupación militar israelí de los últimos cincuenta años sobre territorios que los palestinos reclaman para un futuro estado.
Un dossier confidencial israelí que detalla lazos entre las organizaciones y el PFLP contiene pocas pruebas concretas y se basa casi por completo en interrogatorios a dos extrabajadores de los Comité de Obras de Salud.
El abogado de Ruiz señaló que Israel parecía perseguir a grupos que han trabajado para presentar cargos de crímenes de guerra contra Israel ante la Corte Penal Internacional en La Haya. La CPI ha abierto una investigación preliminar sobre las prácticas israelíes en la ocupada Cisjordania y en Gaza./AP.
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