TEGUCIGALPA, HONDURAS
Honduras no avanzó en la lucha contra la corrupción, por lo que se mantuvo en el sitio 157 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022, según un informe presentado este marte en Tegucigalpa.
Honduras obtuvo una calificación de 23 puntos de 100, al igual que el año anterior, según el índice, considerado el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público, indicó la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), capítulo local de Transparencia Internacional (TI).
Destacó además que en el último lustro el país centroamericano «no ha mostrado avances en la lucha contra la corrupción».
«Desde 2017, Honduras ha descendido de manera significativa en las puntuaciones del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI)», enfatiza la investigación.
Honduras obtuvo «su mejor puntuación de la última década en 2015 (31) y la peor en 2021 (23), la cual repite en la evaluación de 2022», según el informe de Transparencia Internacional.
El IPC 2022 analiza cómo la corrupción «socava la confianza en los Gobiernos y su capacidad para proteger al público, lo que lleva a un aumento de las amenazas a la seguridad que son más difíciles de controlar», añade.
El informe anota que existe un nexo evidente entre violencia y la corrupción, el año pasado, Honduras obtuvo 23 puntos de 100, en 2023 no mejoró y se quedó estancada en esa posición.
Transparencia Internacional remarca que desde el año 2017, diez países han registrado un descenso significativo en las puntuaciones del IPC, entre estos se encuentra Honduras.
Los países que más descendieron son: Luxemburgo (77), Canadá (74), el Reino Unido (73), Austria (71), Malasia (47), Mongolia (33), Pakistán (27), Honduras (23), Nicaragua (19) y Haití (17)
Durante ese mismo período, ocho países mostraron mejoras en el IPC: Irlanda (77), Corea del Sur (63), Armenia (46), Vietnam (42), Maldivas (40), Moldavia (39), Angola (33) y Uzbekistán (31).
De igual forma, la investigación remarca que los gobiernos asediados por la corrupción carecen de capacidad para proteger a las personas y, a su vez, en esos contextos el descontento público tiene más probabilidades de transformarse en violencia.
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