TEGUCIGALPA, HONDURAS
La directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, confirmó este lunes que en lo que va de 2023 se han registrado 30 masacres que han dejado 159 víctimas.
“En Honduras no se respeta la vida, la gente a la menor provocación le está quitando la vida a otra en un hecho violento que enluta a las familias y sobre todo, nos deja como un país de barbarie, un país que no sabe cómo resolver los conflictos y la muerte violenta es la única alternativa”, lamentó.
“Son 30 homicidios múltiples en lo que va de 2023, que han perdido la vida, 159 víctimas y en comparación al año anterior, hay un aumento del 79 por ciento y en el número de víctimas, pero hay un aumento del 25 por ciento en el número de las escenas múltiples, 3 o más en una misma escena de crimen”, dijo.
En ese sentido, “lo grave es que si bien las víctimas no están preparadas para que las maten, están indefensas, no esperan ese ataque”.
“Tanta muerte violenta lo que está generando es el miedo en la población, sin duda, la gente ya no quiere usar los espacios públicos, ni siquiera quiere salir de noche por todos estos efectos”, comentó.
“No se vale que nos digan, estamos en proceso de investigación porque son tantas muertes violentas que el 89.9 por ciento de la ciudadanía cree que este es un país inseguro y ahí es donde la respuesta del estado debe ser más persecución penal, pero además más labores de prevención”, señaló.
“Según kas cifras del estado, todas las muertes múltiples están en proceso de investigación criminal, obviamente hemos visto tres de las 30 escenas han sido investigadas y tienen capturados, del resto 96% no hay información al respecto”, agregó.
“Este año tenemos un fenómeno y es que en su mayoría las escenas del crimen de las 18 a 30, son rurales y se están cometiendo en el Distrito Central y San Pedro Sula son los municipios que más están presentando este tipo de eventos”, apuntó.
Para concluir, dijo que “se requiere mayor investigación criminal, judicialización y trabajar en la prevención de parte de las instituciones del Estado”.
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