GUATEMALA (EFE)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó este lunes al Estado de Guatemala abstenerse de liberar a 3 condenados por violaciones a los derechos humanos del menor Marco Antonio Molina Theissen, ocurridas en 1981 por agentes militares.
La CorteIDH emitió este lunes una resolución en la que requirió al Estado guatemalteco que “para prevenir un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas del caso Molina Theissen, se abstenga de ejecutar la decisión emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el 6 de marzo de 2023 hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales”.
Según denunciaron organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, el pasado 6 de marzo la Corte Constitucional de Guatemala ordenó a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones considerar medidas sustitutivas a la privación de libertad en favor de tres exfuncionarios militares de alto rango condenados por delitos de desaparición forzada, violación sexual con agravación de la pena y delitos contra los deberes de humanidad en la sentencia Molina Theissen.
En su resolución de este lunes, la CorteIDH pide a Guatemala abstenerse de ejecutar la orden de la Corte Constitucional y esperar a que el tribunal continental lleve a cabo una audiencia sobre el asunto en el próximo periodo de sesiones que se llevará a cabo del 17 al 29 de abril próximo.
En mayo de 2004 la CorteIDH declaró al Estado de Guatemala culpable por la desaparición forzada del menor de 14 años Marco Antonio Molina Theissen, ocurrida en 1981 a manos de agentes militares.
La CorteIDH ordenó en esa sentencia reparaciones que incluyen la obligación del Estado de investigar todos los hechos, identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales.
El pasado 10 de marzo un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre un intento por “dejar en la impunidad” los delitos cometidos en el caso Molina Theissen, luego de que la Corte de Constitucionalidad ordenara considerar medidas sustitutivas a la privación de libertad en favor de tres exfuncionarios militares de alto rango.
Estas personas se encuentran en el Hospital Militar privados de libertad con medida de coerción y han presentado diversas solicitudes de revisión de la medida y su sustitución con el arresto domiciliario.
“Alertamos que el fallo de la Corte Constitucional podría conllevar la liberación inmediata de estas personas, lo que constituiría un grave retroceso al cumplimiento de lo ordenado por la CorteIDH, causando un grave daño en el acceso a la justicia, sobre todo considerando que la sentencia nacional no se encuentra aún en firme”, cita el pronunciamiento del 10 de marzo.
Los organizaciones firmantes son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho (FJEDD), el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), Impunity Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y Robert F. Kennedy Human Rights.
COMENTARIOS