TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) solicitó una pena de ocho años ochos meses de reclusión y una multa de más de 118 millones de lempiras (L. 118,188,000.00) en contra de Marco Antonio Bográn Corrales, por fraude en la compra de alrededor de 470 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19 a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).
También se pidió la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la condena de Bográn Corrales, mientas que en el caso del coimputado Alex Alberto Moraes Girón, exadministrador de INVEST-H, a quien únicamente se le condenó por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, se solicitó la inhabilitación especial por siete años seis meses, no obstante, el Ministerio Público prepara un recurso de casación en contra de la sentencia absolutoria por el delito de fraude con la que se le favoreció a éste.
En este expediente, otro extremo que se impugnará ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la sentencia absolutoria a favor del exdirector de INVEST-H por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Cabe mencionar que, contra ambos exfuncionarios ya recayó una primera condena por el caso Hospitales Móviles.
Los otros cinco involucrados prófugos de la justicia por el fraude de las mascarillas son: el contador general de INVEST-H, Carlos Luis Guevara Mondragón, la especialista administrativo y financiero, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández y el propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan José Lagos Romero.
De acuerdo a la investigación de la UNAF y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.
Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de INVEST-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumpliendo los requisitos y las bases establecidas en la compra.
Además, la UNAF y la ATIC descubrieron que los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, ya que una vez que INVEST-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.
Dichas órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras (L.50,836,500.00) y luego por un valor superior a los 39 millones de lempiras (L. 39,396,000.00), siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. más de 37 millones de lempiras (L. 37,989,000.00).
La audiencia de lectura de sentencia será el próximo jueves 23 de febrero.
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