Rodolfo Delgado, el abogado a quien los diputados afines al presidente salvadoreño Nayib Bukele nombraron fiscal general de la república el 1 de mayo pasado, trabajó para el conglomerado Alba Petróleos de El Salvador -subsidiaria de la petrolera venezolana PDVSA-, al que la misma fiscalía investiga desde al menos 2018 por presunto lavado de millones de dólares.
El 2 de mayo de 2021 la Asamblea Legislativa de El Salvador juramentó a Rodolfo Antonio Delgado Montes como fiscal general para reemplazar en el puesto al recién destituido Raúl Melara.
Los diputados que avalaron el nombramiento, afines todos a Bukele, abrían un importante conflicto de interés: Delgado, como jefe máximo de la Fiscalía General, tendría en su escritorio el caso por lavado contra Alba Petróleos, un conglomerado de empresas para la que él trabajó al menos hasta el final de 2019.
No solo eso: el caso Alba Petróleos, según han revelado diversas investigaciones periodísticas y académicas, también involucra al presidente Nayib Bukele y al menos a media docena de funcionarios de su círculo más cercano.
De acuerdo con documentos incautados en 2019 por la Fiscalía General, cuando Delgado trabajó para el conglomerado, entre Bukele y sus funcionarios recibieron al menos USD 3.474.894 en forma de préstamos directos o donaciones, además de otras cantidades invertidas en empresas diversas.
Alba Petróleos de El Salvador es una empresa fundada en 2006 con fondos de la petrolera venezolana PDVSA bajo un régimen de propiedad inicial que otorgó el 60% a esa estatal y el restante 40% a un consorcio salvadoreño de alcaldías.
Desde al menos 2018, Alba Petróleos es investigada en El Salvador por posible lavado de dinero; también hay investigaciones abiertas en Estados Unidos y Venezuela por la misma razón. En marzo de 2019, el Departamento del Tesoro estadounidense extendió sanciones a las filiales centroamericanas de PDVSA, entre ellas Alba Petróleos/Infobae.
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