ECUADOR
La Asamblea Nacional de Ecuador decidió el martes continuar el proceso de juicio político y eventual destitución del presidente Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos.
De 116 legisladores, 88 votaron a favor, 23 en contra y 5 se abstuvieron. Tras la votación, el órgano legislativo adoptó esa resolución que implica que el proceso seguirá en una nueva sesión en la que los acusadores presentarán sus pruebas en un plazo de cinco días, otro lapso similar para la defensa y un plazo igual antes de convocar a una sesión final de votación en la que se definirá la suerte del mandatario.
Para avanzar con el proceso se requería el voto de la mitad más uno de los legisladores presentes en el recinto.
Si el juicio avanza sin contratiempos, la votación para la censura y destitución de Lasso se produciría entre el 20 y 22 de mayo. Para ello se requieren al menos 92 votos del total de 137 asambleístas.
En cualquier momento del proceso Lasso puede disponer por decreto la disolución de la Asamblea y gobernar por decreto con el control de la Corte Constitucional hasta por seis meses, al tiempo de convocar nuevas elecciones presidenciales y legislativas.
Aunque la acusación contra Lasso no ha sido demostrada y la Comisión de Fiscalización Legislativa emitió un informe que lo liberó de responsabilidades, el documento no fue aprobado porque ese organismo -al igual que la Asamblea- es controlado por la oposición.
El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, defendió que el pleno decidiera sobreel juicio político alegando que “al no existir informe el pleno de la Asamblea tiene, a través de una resolución, que resolver” con el voto de los legisladores la suerte el juicio político.
Pero el abogado del presidente, Edgar Neira, afirmó a la red de televisión Teleamazonas que el proceso está reglamentado en la ley orgánica del Poder Legislativo y que los opositores tomaron como base una norma que no está en ese texto para adelantar el juicio.
Añadió que el Legislativo no puede ejercer otra atribución “que no esté establecida en la constitución y la ley”.
El juicio a Lasso, que empezó hace poco más de un mes, contó con el aval de la Corte Constitucional. El mandatario tiene un mínimo apoyo legislativo que lo pone en desventaja para negociar su permanencia en el poder.
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