TEGUCIGALPA, HONDURAS
La Sala I del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) agendó la lectura de fallo en la causa instruida por Lavado de Activos contra el capitán retirado de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Santos Rodríguez Orellana; su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra, Reina Lizeth Bonilla, para el miércoles 14 de junio a las 2:00 de la tarde.
A los tres encausados en noviembre se les dio captura mediante la ejecución de nueve allanamientos de morada en Tegucigalpa, Francisco Morazán y Yamaranguila, Intibucá, y también se aseguraron 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y diez vehículos, que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Según las investigaciones, iniciadas años atrás, un testigo protegido, originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el capitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba, denominado ZIPE.
Del mismo modo, Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y, según testigos, también está involucrado en la muerte de personas, incluso un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
Según escuchas telefónicas, negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia (Gracias a Dios). Según el argumento de la Fiscalía, tras esa denuncia y seguimiento de la ruta financiera, todo ese dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.
Posteriormente, al realizar el análisis financiero se pudo comprobar que durante el tiempo del capitán retirado de las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles, según la acusación de la Fescco.
COMENTARIOS