El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, expresó este domingo su preocupación por la reforma al Código Penal aprobada esta semana en El Salvador, y denunció que abre la puerta a la «criminalización» y «censura» del periodismo en el país.
En un comunicado, Blinken reaccionó a la reforma aprobada el pasado martes por la Asamblea Legislativa, que dicta penas de 10 a 15 años de cárcel por «cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas».
El titular de Exteriores estadounidense aseguró que dicha enmienda «criminaliza el periodismo sobre ciertas actividades de las pandillas» y «da pie a intentos de censurar a los medios y prevenir las informaciones sobre corrupción y otros asuntos de interés público».
«Los periodistas deben tener la libertad de hacer sus trabajos sin miedo a la violencia, las amenazas o las detenciones injustas», dijo Blinken, quien expresó también su temor de que la reforma se utilice para «silenciar a críticos del Gobierno salvadoreño».
El jefe de la diplomacia estadounidense se mostró preocupado por el «repunte de violencia cometida por las pandillas MS-13 y Barrio 18 en El Salvador» a finales de marzo, que llevó a la Asamblea Nacional a imponer un régimen de excepción en el país.
Esa ola de asesinatos cobró la vida de más de 80 personas y colocó el 26 de marzo como el día más sangriento de la historia reciente del país centroamericano.
«Urgimos a El Salvador a hacer frente a esta amenaza al tiempo que protege las libertades civiles, incluida la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión», recalcó Blinken.
Como consecuencia del régimen de excepción, adoptado a petición del presidente Nayib Bukele, se han suspendido varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante un proceso judicial y la inviolabilidad de las telecomunicaciones para los salvadoreños.
Estados Unidos espera que El Salvador «rescinda ese estado de excepción tan pronto como lo permita la situación», y le preocupa particularmente el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas, aseguró a Efe el pasado miércoles un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
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