Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU han enviado una carta a Beijing, expresando su preocupación por la nueva ley de seguridad nacional de Hong Kong que atenta contra derechos fundamentales de sus ciudadanos. Instaron al gobierno chino a realizar una revisión de la legislación que garantice que la misma cumpla con las obligaciones internacionales referidas a tales temas.
La misiva de 14 páginas, que se hizo pública en el día de hoy, fue enviada al gobierno chino el 1 de septiembre y fue elaborada por seis expertos conjuntamente con el vicepresidente del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias. En la misma señalan que la nueva ley de seguridad nacional representa una clara restricción a la libertad de expresión.
El máximo órgano legislativo de China impuso la ley de seguridad nacional en Hong Kong el 30 de junio de este año , con el objetivo de prohibir los actos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas externas.
Los críticos argumentaron que la amplia legislación asestaría un duro golpe a las libertades civiles de Hong Kong y amenazaría su estatus como centro de actividades financieras internacionales e intercambio académico.
Pero los funcionarios de Beijing y Hong Kong dijeron que la ley era necesaria para que la ciudad restableciera la paz, luego de haber sido sacudida por meses de violentas protestas contra el gobierno, provocadas por un proyecto de ley de extradición que fue finalmente dado de baja en junio del 2019.
Los expertos en derechos humanos comenzaron la carta recordando a Beijing que, en virtud de múltiples documentos internacionales, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,Hong Kong tiene el deber de garantizar que los derechos de las personas estén protegidos por la ley.
Señalan en la misiva , que el contenido y las medidas adoptadas en la ley de seguridad, representan un grave riesgo para las libertades fundamentales. “Expresamos preocupación por el amplio alcance de los delitos definidos como secesión y subversión; la restricción expresa de las libertades de expresión y la injerencia en la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para desempeñar su función legítima “
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