Unas 20 denuncias por delitos electorales procesa la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó ayer el portavoz de esa dependencia, Cristian Nolasco, al tiempo que autoridades judiciales dictaron ayer prisión preventiva al primer detenido en Tegucigalpa, en relación a tales casos.
Sobre las capturas contra los requeridos, Nolasco manifestó que una vez realizadas todas las investigaciones tarde o temprano los imputados serán llevados ante los tribunales.
“La DPI tiene en su poder diferentes casos investigativos y es un trabajo coordinado en materia técnica y científica con el Ministerio Público”.
El oficial explicó que terminado el trabajo investigativo se entablarán acciones judiciales con alguna evidencia para que el juez correspondiente pueda valorar si se emiten las órdenes de captura correspondientes.
Detalló que en algunos de los casos se dará la flagrancia de los investigados, porque hay denuncias reportadas a nivel nacional, no solo en la capital.
Nolasco señaló que en Tegucigalpa ya se detuvo a la primera persona por falsificación de documentos electorales y hay “otras personas pendientes por capturar”. Así, indicó que aún se siguen cometiendo delitos electorales y se reciben denuncias a nivel nacional.
De esta forma, indicó que las denuncias han llegado a la Unidad de Delitos Especiales, donde se realizan las diligencias debidamente individualizadas y se hacen las investigaciones que han robustecido los expedientes electorales.
Pendiente de audiencia
En San Pedro Sula, Cortés, dos personas están pendientes de una audiencia inicial por el delito electoral para que el juez pueda valorar las pruebas presentadas. “En el proceso de esclarecer la verdad se tiene un auto formal de procesamiento o un auto de libertad”, indicó.
Para ayer, en Tegucigalpa, se estaba pendiente de la audiencia inicial del primer detenido por falsificación de documentos electorales. Nolasco explicó que una de las causas por las cuales no se ha llevado a cabo la audiencia inicial en contra de las dos féminas detenidas en San Pedro Sula, es porque se está en temporada de Navidad y fin de año, por lo que hay audiencias que se han interrumpido o están en suspenso.
Reveló que la Unidad de Delitos Especiales es la que está laborando en San Pedro Sula, junto a agentes de la DPI. “Esa Unidad ha conocido de seis casos, durante las elecciones realizadas el pasado 28 de noviembre”, precisó.
Los fiscales e investigadores policiales están trabajando en distintas diligencias, como el trabajo en las pruebas testificales y documentales.
En cárcel de Siria
En la capital, ayer mismo el juez de Letras Penal dictó un auto de formal procesamiento y prisión preventiva a Norman Dionisio Rivas Sierra (22), acusado del delito de falsificación de documentos electorales a título de cómplice necesario.
Lo anterior lo informó la portavoz del Juzgado de Letras Penal, Bárbara Castillo, quien explicó que la medida fue dictada después de concluir la audiencia inicial en la que se evacuaron los medios de prueba.
A Rivas Sierra se le supone responsable del delito de complicidad necesaria para la falsificación de documentos electorales en perjuicio de la Constitución de la República y la fe pública.
El encausado fue detenido por agentes de la DPI, el pasado 22 de diciembre, en el Centro Logístico Electoral instalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la colonia Miraflores, de Tegucigalpa.
Desde ese mismo día, el juez lo remitió con la medida de detención judicial a la cárcel de Siria, en el municipio de El Porvenir, departamento central de Francisco Morazán, donde continuará recluido ahora por la prisión preventiva que le fue decretada anoche.
De acuerdo con lo plasmado en el requerimiento fiscal, el imputado contravino a título de cómplice necesario, al expresar marcas que nunca existieron en las papeletas válidas a nivel de diputados del departamento de Francisco Morazán, lo cual se pudo observar en la inspección realizada por agentes de la DPI, el 14 de diciembre del 2021, y en las copias auténticas de los documentos electorales del CNE, entre otros.
La pena por el delito de falsificación de documentos electorales tiene una sanción de cuatro a ocho años de prisión y multa de 300 a 500 días si se trata de documentos públicos.
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