BRUSELAS – La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en el centro de una compleja encrucijada diplomática. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha depositado en ella la responsabilidad de la nueva relación bilateral y la perfila como líder de la transición en el país, la Unión Europea (UE) reafirma su estatus como una de las 69 personas sancionadas por acciones contra la democracia y los derechos humanos.
Las sanciones contra el entorno de Nicolás Maduro, introducidas originalmente en 2017, fueron prorrogadas recientemente por los ministros de Exteriores de la UE hasta el 10 de enero de 2027. Rodríguez, incluida en la lista desde junio de 2018, enfrenta restricciones severas que incluyen la congelación de activos financieros y la prohibición absoluta de viajar o transitar por el territorio de la Unión Europea.
El Consejo de la UE sostiene que estas medidas responden a las persistentes acciones que socavan el Estado de Derecho y la represión contra la sociedad civil, intensificadas tras los acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Junto a la vicepresidenta, figuran en la lista otros altos cargos como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el fiscal general, Tarek William Saab.
La justicia europea ha respaldado la legalidad de estas medidas. En julio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó un recurso interpuesto por la propia Rodríguez, considerando que su inclusión en la lista de sancionados estaba debidamente justificada por su rol en la crisis institucional venezolana. Aunque la corte aceptó recursos de otros funcionarios por falta de fundamentos, mantuvo firmes las restricciones contra la vicepresidenta y otros diez colaboradores cercanos al gobierno venezolano.
La figura de Delcy Rodríguez también ha sido motivo de intensos debates en España. En enero de 2020, su escala en el aeropuerto de Madrid y su encuentro con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, generó una tormenta política debido a la prohibición de entrada que pesaba sobre ella. Aunque la Fiscalía de Madrid archivó el caso en su momento, la controversia ha llegado hasta 2025 en el Parlamento Europeo, donde se mantiene abierta una solicitud para esclarecer si el Estado español infringió el régimen de sanciones.
A pesar del reconocimiento que ha recibido desde Washington para encabezar una nueva etapa de diálogo, la posición de Bruselas permanece inalterada. El bloque europeo ha reiterado que el objetivo de estas sanciones no es el castigo individual, sino el impulso de una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela, manteniendo la presión internacional sobre los actores clave del gobierno actual.
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