El ex jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Dagoberto Aspra, aseguró que el caso del ex capitán Santos Rodríguez Orellana no es una acción política, sino que es el producto de una investigación de años.
El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Penal dictó la medida de detención judicial contra el ex capitán Santos Rodríguez Orellana. Esta determinación incluye a su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Bonilla.
Al presidenciable se le acusa del delito de lavado de activos. También se le presume responsable de la muerte de varias personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
“El ex militar participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la DEA”, según el Ministerio Publico (MP).
En ese sentido, Aspra reiteró que “la investigación en el caso de Santos Rodríguez Orellana data desde hace años. Si buscamos en Internet nos vamos a dar cuenta que la Embajada de Estados Unidos menciona a Santos Orellana en un comunicado del 2016”, dijo.
“Cuando la Embajada de Estados Unidos menciona a una persona no es así nomás. En todos los comunicados que esa delegación ha divulgado ha mencionado a unas cinco personas, a lo sumo diez”, afirmó.
Ultimo
“Entonces en el último comunicado, Estados Unidos dice que al ex militar lo están investigando por narcotráfico y corrupción, así lo dijeron desde el 2016. Es decir, es una investigación que viene desde un tiempo atrás”, recalcó el abogado penalista.
“Asumo yo que la Embajada Americana tiene unidades investigativas aquí en Honduras que colaboran con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y con otras unidades que se involucran en esas investigaciones”, expresó.
“De manera que ese apoyo da como fruto ese tipo de acciones que culminan en su judicialización”, sostuvo.
“Este caso para mí no es una acción política, puesto que vemos 32 bienes que han sido asegurados y un patrimonio de más de 238 millones de lempiras el cual tiene algún significado para ese grupo familiar”, afirmó.
“Es decir, eso da pie para que el Estado pueda presentar una pretensión para asegurar esos bienes y una pretensión de requerimiento fiscal en contra de Orellana y su núcleo familiar”, señaló.
“Cuando ellos dicen que se han movido 238 millones de lempiras significa que en el sistema financiero y en las cuentas bancarias ha circulado desde el 2010 al 2020 esa cantidad y eso se reflejará además en los bienes que han sido asegurados o en su patrón de gastos”, indicó el profesional del Derecho.
“Lo que hace el MP es un análisis patrimonial, es decir cuánto ingresa en sus cuentas y cuál es su actividad lícita. El MP dice que sus ingresos no tienen congruencia con la actividad lícita que ellos realizan”, expresó.
Algo importante es que su actividad lícita debe ser igual a su Declaración de Impuestos, porque toda actividad genera una utilidad y de eso vive la persona”, dijo.
“Lo que investigó el MP es que la Declaración de Impuestos es muy inferior al patrimonio que Rodríguez Orellana tiene y eso generó una alerta. De ahí, que determina que existe una alta probabilidad que se pudo haber cometido el delito de lavado de activos”, concluyó.
COMENTARIOS