Los concesionarios del aeropuerto de Palmerola pidieron a Honduras 1,289 millones de lempiras, unos 51.3 millones de dólares.
El argumento tiene que ver con la drástica caída del flujo de pasajeros y las pérdidas ocasionadas a este rubro por parte de la pandemia.
Para hacerse una idea de la solicitud de la concesionaria, este valor es mucho mayor al que el Estado erogó por la compra de siete hospitales móviles y sus plantas de tratamiento de residuos, a través del Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).
La nota fue dirigida a Leo Castellón, presidente de la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP), en la misma se retoma los informes de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), de los efectos del Covid-19.
El documento se muestra cifras en las que se calcula la reducción del volumen de pasajeros durante los próximos 12 años.
Sin embargo, los concesionarios proponen negociar un arreglo con el gobierno hondureño, ya que el proyecto de Palmerola es fiable financieramente.
El aeropuerto en la base de Palmerola es impulsado por la Presidencia y cuenta con fondos de la reducción de la pobreza aprobador por España.
El acuerdo inicial fue revisado y ampliado por el Poder Legislativo, con muchas prebendas especiales, como el manejo del Toncontín a partir de este año, sin necesidad de ir a una licitación.
Esta es quizá la concesión público privada que ha tenido mayores facilidades de parte del gobierno: ampliación de plazos, no pago de cánones y administrar un aeropuerto sin licitación.
Se trata la empresa Palmerola International Airport (PIA), del Grupo EMCO, quienes, sin estar operando, han solicitado al Gobierno un aporte adicional lo que supondría un golpe muy fuerte para la economía hondureña.
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