Jerusalén.- Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que el Ejército israelí utilizó municiones estadounidenses en al menos dos bombardeos sobre la Franja de Gaza que dejaron un saldo de 43 civiles muertos.
«El ejército israelí utilizó municiones de ataque directo conjunto (JDAM) de fabricación estadounidense en dos ataques aéreos ilegales y mortíferos contra viviendas llenas de civiles en la Franja de Gaza», acusó AI, que publicó hoy una investigación extensiva sobre los bombardeos basada en imágenes satelitales, análisis de fotografías y entrevistas con supervivientes.
«La organización concluyó que estos ataques aéreos fueron ataques directos contra civiles o infraestructuras civiles o ataques indiscriminados, y pide que sean investigados como crímenes de guerra», agregó el organismo en un comunicado.
Los bombardeos en cuestión tuvieron lugar los días 10 y 22 de octubre y se saldaron con la muerte de 24 y 19 personas respectivamente.
Ambos impactaron en residencias familiares en la ciudad de Deir al Balah y entre los muertos hubo 19 niños, 14 mujeres y 10 hombres.
«El hecho de que el Ejército israelí esté utilizando municiones fabricadas en Estados Unidos en ataques ilegales con consecuencias mortales para los civiles debería ser una llamada de atención urgente para la administración de (Joe) Biden. Las armas fabricadas en Estados Unidos facilitaron los asesinatos en masa de familias extensas», afirmó Agnès Callamard , secretaria general de Amnistía Internacional.
La ONG destacó que su investigación «no encontró ningún indicio de que hubiera objetivos militares en los lugares de los dos ataques» y llamó a investigarlos como crímenes de guerra.
El análisis de las municiones utilizadas estuvo a cargo de expertos en armamento, que utilizaron no solo imágenes sino también fragmentos de las bombas recuperados por investigadores de AI sobre el terreno.
El grupo instó además a Estados Unidos y otros gobiernos a «dejar de transferir inmediatamente armas a Israel que muy probablemente se utilizarán para cometer o aumentar los riesgos de violaciones del derecho internacional».
«Colaborar conscientemente en violaciones es contrario a la obligación de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Un Estado que continúa suministrando armas que se utilizan para cometer violaciones puede compartir la responsabilidad por estas violaciones», añadió.
Israel declaró la guerra a Hamás el 7 de octubre tras un ataque del grupo islamista, que incluyó el lanzamiento de más de 4.000 cohetes y la infiltración de unos 3.000 milicianos, que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a más de 240 en comunidades israelíes cercanas a Gaza.
Las fuerzas de Israel han atacado desde entonces el enclave palestino, donde han muerto casi 16.000 personas, además de otras 7.000 que se encuentran bajo los escombros, según el Ministerio de Sanidad gazatí.
Esta guerra ha dejado también 1,8 millones de desplazados en la Franja, el 80 % de la población total, según la agencia humanitaria de la ONU, OCHA.
Por otra parte, desde el comienzo de la ofensiva terrestre israelí en Gaza a finales de octubre, al menos 78 soldados han fallecido y cientos han resultado heridos.
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