Alemania aprueba una pensión mínima para jubilados empobrecidos

Alemania aprueba una pensión mínima para jubilados empobrecidos

El Gobierno alemán aprobó este miércoles un proyecto de ley para garantizar un mínimo de pensión jubilados con ingresos escasos, después de meses de estira y afloja en el seno de la gran coalición de conser­vadores y socialdemócratas.

Para estos últimos, era un elemento con el que imprimir su sello en el Ejecutivo, mientras que los conser­vadores de la canciller Angela Merkel se resistían. Finalmente, a partir del 2021 en torno a 1,3 millones de jubilados se beneficiarán del aumento, consistente en hasta 400 euros brutos por persona a quienes hayan cotizado durante al menos 33 años (incluidos años en tareas no remuneradas como el cuidado de hijos o la atención a dependientes) hasta el 80% del salario medio anual.

La canciller alemana, Angela Merkel

La canciller alemana, Angela Merkel (HAYOUNG JEON / Efe)

“Esto contribuirá a que haya más justicia social en nuestro país; es un éxito para las personas que trabajan duro a diario y cobran poco”, dijo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el socialdemócrata Hubertus Heil. También se eximirá de pagar impuestos a jubilados que ingresen menos de 1.250 euros al mes y a parejas retiradas con menos de 1.950 euros.

Impacto

La medida beneficia sobre todo a mujeres y a gente de los länder de la antigua RDA, que tienen pensiones bajas

La medida –pendiente de aprobación en el Bundestag, lo cual se da por seguro– beneficiará sobre todo a mujeres ,y también a gente de los länder del este de Alemania, que cotizó un tiempo en época de la RDA comunista y cuyas pensiones acabaron siendo menores que las de los alemanes del oeste. El descontento en el este por esta desigualdad es un elemento más de los que han nutrido el auge de la ultraderecha en esa zona.

Los conservadores querían que el incremento en la pensión se evaluara en función del patrimonio total del pensionista, a lo que se oponían los socialdemócratas. Finalmente han acordado que sólo cuente el nivel de ingresos. El Gobierno estima que este plan costará unos 1.500 millones de euros al año al erario público, que acumula superávit desde hace años. Sindicatos y entidades de asistencia social alabaron la iniciativa, pero la ven insuficiente, aparte de que consideran que el cálculo de los incrementos es muy complejo.

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