El Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción declaró en las últimas horas “sin lugar” las excepciones por falta de acción y competencia interpuestas por defensores privados, con las que se pretend{ia evitar juicio oral y público en caso “Fraude sobre el Gualcarque”, llevado por la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (UFERCO).
Esta causa tiene que ver con la explotación del río Gualcarque en el occidente del país y que se relaciona con la lucha que libró la ambientalista Berta Cáceres.
La acusación involucra a 16 personas por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
Los 16 acusados son: Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinoza Mejía y Ana Lourdes Martínez Cruz.
Además, Gabriela Zelaya Gómez, Darío Roberto Cardona Valle, Mauricio Fermín Redondo Flores, José Mario Carbajal Flores, Oscar Javier Velázquez Rivera, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Lizeth Castillo Argueta y Zaida Odilia Pinel.
La investigación fue conducida por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), ahora (UFERCO), y contó con la colaboración activa de la Misión de Apoyo contra la Misión y la Impunidad (MACCIH), y el apoyo de las Fiscalías de Etnias y Protección del Medio Ambiente.
Las denuncias que presentó Bertha Cáceres en su momento, permitieron develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectan a la comunidad lenca.
Entre las irregularidades administrativas, se establece que Roberto David Castillo (presidente de DESA, también procesado por la muerte de Bertha Cáceres), ejercía un cargo en la empresa desarrolladora y al mismo tiempo en la ENEE, lo que le permitió asistir a diversas sesiones de la junta directiva de la ENEE en calidad de invitado. En las reuniones se discutía y aprobaron los contratos, específicamente los contratos con su empresa eminentemente había un conflicto de intereses.
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