Hondureño asesinó a su esposa y se trasladó con el cuerpo en diversas ciudades del país

Hondureño asesinó a su esposa y se trasladó con el cuerpo en diversas ciudades del país

Jesús de Otoro, Intibucá.

El Ministerio Público interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia judicial emitida por el tribunal de letras de Siguatepeque en beneficio del ingeniero civil, Jair Rigoberto Euceda López. Este está imputado por suponerlo culpable del delito de femicidio en detrimento de su esposa, Lesby Gisela Márquez Perdomo, quien desempeñaba la función de profesora.

Un juez competente concedió a Jair Rigoberto Euceda López una medida diferente a la detención preventiva, dado que el acusado presentó caución hipotecaria, la cual fue aceptada.

El caución implica una propiedad que se estima alrededor de un millón ochocientos mil lempiras.

En esta línea, el Ministerio Público discrepa completamente, dado que el crimen es grave y no se toman en cuenta los principios de necesidad, proporcionalidad y lógica.

Por lo tanto, el organismo fiscal estima apropiado que se le otorgue la medida de detención preventiva conforme al artículo 178, numeral 1 que indica el riesgo de fuga; además, el acusado puede atentar o llevar a cabo acciones represivas contra la familia de la víctima o la persona que denunció.

Según las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se sospecha que Jair Euceda la llamó para citarla en el parque Plaza Venus, ubicado en Jesús de Otoro, Intibucá, lo que resultó en un trágico final.

El 22 de abril, se halló el cuerpo de Márquez Perdomo, una docente, en un depósito de residuos en la comunidad de El Chorrito.

Estos pormenores sugieren una planificación anticipada del delito, lo que ha generado un mayor interés y estudio del caso.

El sábado 11 de mayo, los agentes de asistencia estratégica, operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC llevaron a cabo la captura del acusado, a lo largo de la carretera CA-13 en El Progreso, Yoro.

La elección de interponer un segundo recurso de apelación se basa en el deber del Ministerio Público de concluir todas las etapas judiciales para asegurar que los intereses generales de la sociedad no se mantengan en la impunidad.

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