diputado Jari Dixon Herrera ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público contra aquellos diputados que apoyaron la aprobación de las ZEDE.

diputado Jari Dixon Herrera ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público contra aquellos diputados que apoyaron la aprobación de las ZEDE.

TEGUCIGALPA,HONDURAS.

El diputado Jari Dixon Herrera, del partido Libertad y Refundación (Libre), presentó este lunes una denuncia formal ante el Ministerio Público contra los legisladores que aprobaron las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) el 23 de enero de 2013, acusándolos de traición a la patria.

«Vengo a presentar una denuncia. Aunque ya lo habíamos hecho antes por otros temas, tengo esperanza de que el nuevo Fiscal General, Joel Zelaya, responda positivamente al pueblo hondureño», declaró Herrera.

Destacó que la aprobación de las ZEDE equivale a renunciar al territorio nacional, lo que contraviene la Constitución. “La Constitución establece que cualquier intento de reformar o derogar artículos fundamentales es un delito de traición a la patria”, subrayó.

Añadió que si no se castiga a los responsables, se abrirá la puerta para que futuros políticos repitan estos actos. Además, insistió en que cualquier cambio sobre el territorio solo puede ser decidido por una Asamblea Nacional Constituyente, no por el Congreso ordinario.

El diputado pidió al Ministerio Público obtener una copia certificada del acta de la sesión donde se aprobó la ley, para garantizar que se investigue a todos los que votaron a favor de esta legislación. “Se les advirtió repetidamente que estaban cometiendo un delito, y aun así votaron a favor de las ZEDE”, aseguró.

Recordó que la pena por traición a la patria puede ser de 15 a 20 años de prisión, según el Código Penal, y también culpó a otros sectores del gobierno, afirmando que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con cómplices del sector privado, participaron en lo que él considera una «venta del territorio nacional».

Además del asunto de las ZEDE, la semana pasada se convocó al pleno del Poder Judicial para discutir la amnistía política, la cual ha sido criticada por algunos sectores como un pacto de impunidad, ya que incluye a exfuncionarios que enfrentaban juicios por corrupción.

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