Tegucigalpa, 27 feb (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumple este domingo un mes en el poder, que ha estado marcado por polémicas internas entre los diputados del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y el fulgurante procesamiento de su antecesor Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico.
Antes de su investidura el 27 de enero en reemplazo de Hernández, Castro enfrentó su primera crisis con la elección de dos juntas directivas en el Parlamento, por un conflicto interno en Libre luego de que una veintena de diputados «disidentes» no reconociera como presidente del Congreso Nacional a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), a quien apoya la presidenta.
El Gobierno de Castro ha estado marcado por «el problema que se dio en el Legislativo», con dos juntas directivas, lo que «generó una división interna en Libre, en la que la presidenta no debió involucrarse», dijo hoy a Efe el analista Saúl Bueso.
La crisis en el Parlamento fue resuelta el 7 de febrero con un compromiso firmado por Manuel Zelaya, expresidente hondureño (2006-2009), esposo de la presidenta de Honduras y coordinador general de Libre, y 17 diputados disidentes.
Castro, de 62 años, también ha afrontado varias protestas de empleados de la salud y docentes exigiendo acuerdos de nombramiento y otras conquistas sociales.
La Secretaría de Salud indicó en la víspera que a partir de esta semana «estará revisando y entregando» los acuerdos que cumplan con todos los requisitos y que además hayan sido verificados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Miles de activistas de Libre también han venido reclamando un empleo aduciendo que desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 a Zelaya se han sacrificado por esa institución política, que surgió en 2011.
POLÉMICA AMNISTÍA
El primer mes del Ejecutivo de Castro, quien retomó sus actividades presenciales el 17 de febrero, tras una cuarentena al dar positivo con covid-19 el día 6, coincide con la aprobación de una polémica amnistía para «presos políticos», la cual diferentes sectores consideran que beneficia a personas involucradas en actos de corrupción.
La amnistía, denominada «Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan», fue promulgada por Castro, quien envió la semana pasada una carta a la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de una comisión contra la corrupción en su país.
«Nadie en este país está en contra de un decreto de amnistía, pero sí de la forma en que se redactó, esas normas son para perdonar delitos políticos y comunes conexos, pero no delitos que no tengan que ver con una acción política», señaló Bueso.
En su opinión, la amnistía será «una mancha que va arrastrar» el Gobierno de Castro, cuyo discurso desde antes de asumir el poder ha sido «anticorrupción».
«La gente de alguna manera cuestiona esa simbiosis entre atajo la corrupción, soy anticorrupción, pero con un decreto que está beneficiando a personas que en el pasado hicieron mal manejo del dinero del pueblo», subrayó el analista.
CAPTURA DE EXPRESIDENTE
Los primeros 30 días del Gobierno de Castro también han sido marcados por una solicitud de arresto provisional, con fines de extradición, que hizo Estados Unidos contra el expresidente Hernández, por delitos asociados al narcotráfico y uso de armas.
Hernández fue capturado y esposado de manos y pies en su casa de Tegucigalpa el 15 de febrero, un día después de que la Cancillería hondureña informó sobre la petición de EE.UU.
El Supremo hondureño ratificó el jueves la «detención provisional» de Hernández, decisión que había dictado el pasado día 16 un juez natural.
La defensa de Hernández presentó la semana pasada un recurso para que se cambiara la «detención provisional» del expresidente por «arresto domiciliario», pero la petición «fue denegada», según el Supremo.
La esposa de Hernández, Ana García, dijo la semana pasada que a su esposo le fueron «violentados» sus derechos al momento de la captura, lo que han negado la Secretaría de Derechos Humanos y el canciller del país, Enrique Reina.
«Se le dio la oportunidad de entregarse, los derechos le fueron respetados; el procedimiento es el mismo que había fijado el mismo Juan Orlando Hernández para este tipo de situaciones», dijo el viernes Reina en entrevista con Efe en la Embajada de Honduras en Washington.
Díez días después de que EE.UU. solicitó el arresto del expresidente Hernández, la jefa del Comando Sur de ese país, Laura J. Richardson, se reunió en Tegucigalpa con la presidenta Castro, quien el viernes asumió el bastón de mando como comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Richardson ofreció a Castro ayuda militar y otro tipo de cooperación, dijo a periodistas el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
Castro y Richardson dialogaron sobre el «combate a la corrupción, la transparencia» y la solicitud de Honduras a la ONU de una comisión anticorrupción, acotó Zelaya.
(c) Agencia EFE
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