Una nueva protesta se presentó frente a la Alcaldía de Santa Marta: esta vez la mayoría de las manifestantes eran ciudadanas venezolanas que denunciaron acoso sexual y piden que las ayuden a regresar a su país.
Las mujeres aseguran que están desesperadas en la capital del Magdalena, donde casi todas trabajaban como meseras en restaurantes y discotecas pero desde hace aproximadamente dos meses no han podido generar recursos económicos debido a la parálisis por la pandemia del covid-19.
Andrea Sanjuanelo manifestó que al principio recibió la ayuda de un vecino que le daba la comida, pero con el paso de los días esta persona quiso cobrarle con pretensiones sexuales.
«Pensé que era un gesto de generosidad o solidaridad, y por eso accedí a recibir su apoyo; ahora me persigue y permanezco temerosa con mi hija de 5 años porque no sé en qué momento pueda intentar sobrepasarse. Estoy muy desesperada», expresó.
«Esto es muy doloroso»
Ana Mejía, por su parte, aseguró que por no tener cómo pagar el arriendo, el propietario de la habitación le exige que le pague con un encuentro sexual. «Me dice que si me quiero quedar aquí sin paga, debo ofrecerle sexo. Esto es muy doloroso», añadió.
Como ella, otras venezolanas que participaron en la manifestación denunciaron que están siendo tratadas como prostitutas, pese a que no lo son.
«No aguantamos más humillación. Lo único que pedimos es que nos ayuden a regresar a Venezuela para estar al lado de nuestra familia», indicaron, dejando claro que no tienen recursos ni la manera de trasladarse por cuenta propia.
Las venezolanas en la protesta tienen entre 21 y 35 años de edad. Manifestaron que han tratado de sobreponerse a la adversidad y dedicarse a otras actividades informales, como la venta de café o de minutos telefónicos, pero ya nada les resulta.
«Tenemos hijos, tenemos necesidades, no podemos ir al mercado público porque Espacio Público nos tira nuestras carretillas, nuestros termos. Ya no soportamos esta situación», dijo otra de las afectadas.
La población venezolana en Santa Marta le reiteró el llamado a la alcaldesa Virna Johnson, argumentando que si no tienen derecho a las ayudas alimentarias, por lo menos les facilite un transporte para trasladarse a la frontera en el departamento de La Guajira, que se encuentra a tres horas por vía terrestre.
La Alcaldía de Santa Marta ya en una oportunidad dispuso de un corredor humanitario que permitió el desplazamiento de 100 venezolanos a su país.
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