TEGUCIGALPA, HONDURAS
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó este miércoles requerimiento fiscal en contra del exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el extitular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Goméz Gavarrete; su exasistente, Iris María Sarmiento Ferreira; el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga y su representantes legal Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, así como a su hermana Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO).
Se trata de la segunda línea relacionada al caso Narcopolítica, que en su primera fase comprendió una acusación a 12 personas señaladas de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron.
En ese entonces, los encausados fueron el exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Miguel Rodrigo Pastor, por suponerle responsable de 21 delitos de fraude, cohecho y lavado de activos, así como contra los exfuncionarios Marlon Geovanny Flores y Carol Ivonne Pineda por 21 delitos de fraude, Norberto Quezada y José Manuel Valladares Rosa por 10 delitos de fraude y Lucas Jetsell Velásquez por un delito de fraude.
Entre los coimputados figuran Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, con cargos por conspiración a la narcoactividad en Estados Unidos.
Tanto en Narcopolítica I, de fecha 24 de mayo de 2019, como en esta etapa II, las imputaciones se refieren al otorgamiento de contratos a INRIMAR, que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro. Inicialmente se comprobó que se les favoreció con la suscripción de 21 contratos por más de 68 millones de lempiras (L.68,326,690.55) y ahora se registraron otros 10 contratos por más de 47 millones de lempiras (L.50,786,654.12).
Tales contratos se adjudicaron sin que la empresa INRIMAR cumpliera con los requisitos que establece la ley para poder contratar con el Estado, durante la gestión de gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Para la concesión de unos contratos se fraccionaron las obras y en otros se emitieron decretos de emergencia por una tormenta tropical.
Las obras asignadas por estos contratos en su mayoría no se realizaron (falsamente se acreditó que se habían hecho y entregado) y las que se efectuaron fueron sobrevaloradas. El propósito de la asignación de estos contratos era básicamente prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero derivado del narcotráfico, a través de instituciones gubernamentales.
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