TEGUCIGALPA, HONDURAS
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acusó este martes al Gobierno de Nicaragua de haber intensificado sus ataques contra la libertad de prensa y de expresión, incluido la expulsión y desnacionalización de periodistas, el cierre de medios, y la censura.
«El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó sus ataques contra la libertad de prensa y de expresión en este período», señaló en un informe la SIP, que inauguró este martes su reunión de medio año.
El texto es un informe detallado sobre la situación política de Nicaragua, en el que se destacan una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno sandinista, además de los ataques contra la libertad de prensa y de expresión, la detención y expulsión de presos políticos, la cancelación de organizaciones no gubernamentales, el robo de propiedades y la censura.
La SIP recordó que el pasado 9 de febrero las autoridades nicaragüenses excarcelaron y expulsaron hacia Estados Unidos a 222 presos políticos, y un día después les retiró la nacionalidad.
«Seis días después despojó de nacionalidad a otras 94 personas, entre ellas 10 periodistas que permanecen en el país», indicó la SIP.
PERIODISTAS APÁTRIDAS
Entre los periodistas afectados figuran Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38 Premios de Periodismo Ortega y Gasset y director de Confidencial y Esta Semana; Wilfredo Miranda, colaborador en Nicaragua del diario español El País y ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2018.
También los directores de medios digitales Lucía Pineda (100 % Noticias), Luis Galeano (Café con Voz), Jennifer Ortíz (Nicaragua Investiga), Patricia Orozco (Onda Local), Álvaro Navarro (Artículo 66), David Quintana (Boletín Ecológico), y Aníbal Toruño (Radio Darío).
Asimismo, los comunicadores Sofía Montenegro, Silvia Nadide Gutiérrez y Camilo de Castro Belli, hijo de la poeta Gioconda Belli, a quien también le retiraron su nacionalidad.
La lista incluye a los excarcelados Miguel Mendoza, Miguel Mora, Manuel Antonio Obando, Wilberto Artola, Sergio Cárdenas, Roberto Larios, Cristiana Chamorro y Juan Lorenzo Holmann, este último gerente general del diario La Prensa.
«A las 316 personas les robó sus propiedades, les cerró sus cuentas bancarias, les negó el pago de pensiones y los borró de los registros, lo que se denominó «muerte civil» de los afectados», alertó la SIP.
Las autoridades de Nicaragua también despojaron de su nacionalidad al obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser un desterrado a territorio estadounidense, añadió.
«A nivel internacional, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de las Naciones Unidas, denunció estas nuevas estrategias del régimen para violentar derechos fundamentales y consideró que, debido a la crueldad y la sistematización de los hechos, entran en la categoría de crímenes de lesa humanidad», anotó la SIP.
MÁS DE 185 COMUNICADORES EXILIADOS
Esa organización observó que desde abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, «más de 185 comunicadores se han visto obligados al exilio, 21 durante este semestre».
Criticó, además, que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en condición de solicitantes de refugio en Costa Rica se vieron afectados su derecho a la movilidad mediante un decreto que limitaba su posibilidad de viajar.
Asimismo, según el informe, en este período se registraron 55 ataques; cuatro contra medios y 51 contra personas naturales, en Nicaragua.
La SIP también hizo mención de que «los ataques a la Iglesia católica subieron de tono cuando el régimen anunció la suspensión de relaciones con la Santa Sede» el marzo pasado, y recordó que la Semana Santa «se celebró sin las habituales procesiones, debido a la prohibición del régimen y el asedio policial, sobre todo en Matagalpa», diócesis que dirige el obispo Álvarez.
«Las hostilidades contra la Iglesia incluyeron agresiones, mensajes de odio, profanación y robos, entre otros, además de obstáculos a ONG», afirmó.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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