TEGUCIGALPA, HONDURAS
A diecisiete días de celebradas las elecciones generales en Honduras, la incertidumbre se apodera del proceso electoral ante la parálisis del escrutinio especial. El Centro Logístico Electoral, instalado en las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en la capital, se mantiene como escenario de un estancamiento que impide avanzar hacia la declaratoria oficial de resultados, mientras las acusaciones de bloqueos políticos y los brotes de violencia interna crecen con el paso de las horas.
Pese a que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos se encuentran presentes en las instalaciones, el proceso de conteo no ha podido iniciar. Diversas fuentes en el lugar señalan que representantes de los partidos Libre y Liberal mantienen bloqueado el acceso, impidiendo que el Consejo Nacional Electoral cumpla con el paso legal necesario para brindar transparencia al cierre del proceso. Esta situación ha desatado una guerra de señalamientos: el Partido Liberal culpa a la bancada nacionalista del retraso, mientras que el Partido Nacional apunta a la militancia de Libre como los principales responsables del freno institucional.
La crisis política ha trascendido la parálisis administrativa para convertirse en un foco de agresiones físicas. Durante la madrugada, se reportaron enfrentamientos que dejaron a varios miembros partidarios bajo ataque. Integrantes del Partido Liberal denunciaron agresiones por parte del Partido Nacional, mientras que estos últimos afirmaron haber sido atacados con piedras por supuestos militantes de la alianza opositora. El candidato nacionalista Juan Diego Zelaya relató la gravedad de los incidentes, describiendo cómo los presentes se vieron obligados a usar mesas y sillas como escudos para resguardar su integridad física dentro del inmueble.
A este panorama se suma una creciente preocupación por la falta de garantías de seguridad. Miembros de distintas fuerzas políticas han denunciado la aparente pasividad de los militares y policías desplegados en el sector, quienes se han mostrado renuentes a intervenir para restablecer el orden. Este vacío de autoridad es vinculado por los denunciantes a la reciente destitución de cinco oficiales de la policía por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, un hecho que ha generado dudas sobre quién tiene el control efectivo para garantizar el cumplimiento de la ley en este momento de tensión.
Mientras el tiempo transcurre sin que se procese la primera acta del escrutinio especial, Honduras permanece a la espera de un avance que otorgue legalidad y certeza al proceso. La falta de una declaratoria oficial no solo posterga la confirmación del nuevo presidente electo, sino que profundiza la desconfianza ciudadana en un sistema electoral que, a más de dos semanas de los comicios, se encuentra detenido en medio de la polarización partidaria.
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