TEGUCIGALPA, HONDURAS
A criterio del titular de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos si existiera voluntad política en el país mañana mismo estuviera instalada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Lamentó que de todos son conocidas las condiciones para la instalación de la comisión anticorrupción, pero las mismas no han sido acatadas en el Congreso Nacional. “No vemos voluntad política, hemos escuchado de los exponentes que si hubiera voluntad política mañana si quisiera ya se pudiera instalar una Comisión Internacional”, señaló.
Agregó que “si en el discurso se dice que la corrupción es un cáncer se debe tratar como tal, como una enfermedad terminal, de manera urgente, y eso no se está haciendo”.
Mencionó que aún no se cumplen los seis meses establecidos en el memorándum de entendimiento para luego firmar el convenio de instalación de la CICICH.
En torno al papel del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), refirió: “Es un elefante blanco”.
Santos adicionó que en ese órgano contralor hay miles de denuncias de actos de corrupción, al tiempo que especificó que solo por el caso del Fondo Departamental hay involucradas más de 200 ONGs, “no sé cuántos informes han llegado al Ministerio Público sobre el caso”.
“El Tribunal de Cuentas no sé a qué le está apostando, realmente no ha sido capaz de desempeñar el papel que constitucional tiene para fortalecer las investigaciones del Ministerio Público”, expresó.
Reveló que en la Uferco existen más de 100 líneas de investigación con casos de todo tipo que involucra a altos funcionarios, entre ellos del actual gobierno. “Las redes de corrupción no desaparecen con los cambios de gobierno, hay redes de corrupción que están activas dentro del Estado y en actúan en plena impunidad”, acotó.
Puntualizó que no es a través de un decreto que se fortalecen las unidades anticorrupción, se ocupa del personal y equipo adecuado y dándole las funciones necesarias para realizar las investigaciones de manera independiente, “debería llevarse ese discurso a la práctica”, dijo.
Sobre el Decreto de Amnistía dijo que 24 personas fueron beneficiadas con esa figura por lo que esos casos no pueden ser reabiertos, “su derogación sería simbólica porque esos casos ya son cosa juzgada”.
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