La opositora y exaspirante a la Presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, fue declarada culpable el viernes de delitos imputados por el Gobierno de Daniel Ortega, que le impidieron competir en 2021 contra la reelección del mandatario, informó un familiar.
En el juicio, también fueron sentenciados por crímenes como lavado de dinero y gestión abusiva su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). «Declararon culpables a todos (…) el 21 de marzo leen la sentencia», dijo Olama Hurtado, sobrina de Chamorro, a la agencia AFP.
Cristiana Chamorro, de 68 años, es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021. Además, se perfilaba como favorita en las encuestas para enfrentar a Ortega en los comicios de noviembre del año pasado.
«Quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir, pero jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre, ni de mi madre, porque soy inocente», aseguró la opositora al finalizar el juicio, según consignó el portal de Internet 100% Noticias, crítico del Gobierno.
La sentencia se produjo tras un juicio de siete días, sin acceso a la prensa ni al público, celebrado en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía en Managua, conocida como El Chipote.
Chamorro, periodista de profesión, es una de siete exaspirantes a la Presidencia que fueron detenidos el año pasado, junto a 39 opositores, en la antesala de las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega logró un cuarto mandato consecutivo.
Ortega, un exguerrillero de 76 años, está en el poder desde 2007. Su reciente mandato ha sido cuestionado por la comunidad internacional, entre ellos la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y la Unión Europea, por considerar que las elecciones nicaragüenses no fueron democráticas.
La Fundación, que llevaba el nombre de su madre, se dedicaba a promover la libertad de prensa y a capacitar a periodistas. Durante el proceso, la Fiscalía -en manos del oficialismo- acusó a la FVBCH de financiar a periodistas y medios de prensa para «desestabilizar la buena marcha» del Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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